El tratamiento que hace el diario Abc del caso banco Atlas-itti insiste en un mismo libreto: presentar al juez civil y comercial Juan Francisco Blanco Bogado como responsable de “liquidar” la fusión de Atlas, insinuando colusión con itti y uso discrecional de las medidas cautelares. Para entender por qué ese relato es jurídicamente insostenible, hay que mirar el derecho, no solo los titulares.
De qué trata realmente el caso itti–Atlas
El conflicto no es un simple desacuerdo comercial. itti, empresa desarrolladora de software, sostiene ser titular del “core bancario” que Atlas utiliza como corazón tecnológico de su operación. Denuncia que el banco continuó usando, modificando y explotando ese sistema sin pagar licencias ni respetar las condiciones pactadas.
Ante la falta de solución en el ámbito arbitral, itti recurrió a la justicia civil y pidió una medida cautelar: que mientras dure el juicio, Atlas no pueda transferir ni incorporar ese core a la fusión con otro banco. El juez Blanco concedió la cautelar y, a partir de allí, comenzó la ofensiva del banco contra el magistrado.
¿Qué es y para qué sirve una medida cautelar?
En el derecho paraguayo, la medida cautelar es una herramienta urgente y provisoria. No decide quién tiene la razón en el fondo, sino que busca evitar que el paso del tiempo vuelva inútil la sentencia futura.
Para otorgarla, el juez debe verificar dos cosas:
Verosimilitud del derecho. No se exige certeza, sino que el reclamo tenga apariencia de fundamento.
Peligro en la demora. Si no se actúa ahora, el daño podría ser irreparable o muy difícil de reparar luego.
Por eso el Código Procesal Civil permite que las medidas se dicten incluso inaudita parte, es decir, sin escuchar previamente al demandado. ¿Por qué? Porque si se le avisa antes al potencial infractor, puede apurar la transferencia del bien, liquidar activos o borrar rastros. El debido proceso se equilibra permitiendo al afectado cuestionar la cautelar después, mediante recursos e incidentes.
En este contexto, que un juez actúe con rapidez no es un vicio: es exactamente lo que el sistema le exige para brindar tutela judicial efectiva.
Los “0 segundos” y los “9 minutos”: un uso político de los tiempos
Abc construye su acusación mediática a partir de tiempos de sistema: resoluciones cargadas con la misma marca horaria, autos dictados con pocos minutos de diferencia, escritos presentados casi de inmediato por la parte actora. De allí deduce una “coordinación sospechosa”.
Desde la perspectiva jurídica, esto es débil por tres razones:
Los sistemas informáticos de gestión judicial no reflejan con precisión cronológica cada segundo de trabajo del juez; muchas veces varias actuaciones se registran dentro del mismo minuto.
Que un abogado presente una aclaratoria a los pocos minutos de una resolución es perfectamente compatible con un estudio previo del caso y un monitoreo constante del expediente. No hace falta pacto espurio, hace falta profesionalismo.
Ninguna norma constitucional ni legal tipifica como “mal desempeño” el hecho de resolver rápido. Lo que sí es reprochable es la demora injustificada, no la celeridad.
Convertir peculiaridades del sistema digital en “prueba” de mal desempeño es forzar la realidad para sostener un relato político, no jurídico.
Qué puede y qué no puede hacer el JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue creado para sancionar jueces por hechos punibles o por mal desempeño grave, no para revisar si una medida cautelar estuvo “bien” o “mal” fundada según le convenga a una parte.
El JEM no es una tercera instancia. Si una de las partes considera que el juez aplicó mal la ley, tiene a su disposición recursos procesales. Llevar cada resolución incómoda al Jurado equivale a decir: “Si no ganamos en el expediente, vamos por la cabeza del juez”. Ese uso distorsionado del JEM vulnera la independencia judicial que protege la Constitución.
La gran contradicción de banco Atlas: cuando se dictó la cautelar a favor de itti, el banco Atlas aseguró públicamente que la medida no afectaba en nada el proceso de fusión con el otro banco. Es decir, minimizó su impacto para tranquilizar al mercado y a los reguladores.
Sin embargo, ahora –por boca de su abogado ante el JEM– sostiene que la actuación del juez “trancó” por completo la fusión y causó un perjuicio millonario. ¿En qué quedamos? Si la medida era inocua, no puede al mismo tiempo ser la responsable de todos los males.
Y surge otra duda de fondo: si la fusión queda paralizada por la prohibición de usar el core de itti, ¿eso no implica que el banco seguía apoyando su proyecto de integración justamente en ese software en disputa, a pesar de los reclamos y de las medidas judiciales?
Este caso no solo enfrenta a un banco y a un proveedor tecnológico. Lo que está en juego es:
La vigencia real de la propiedad intelectual en el sistema financiero.
La seguridad jurídica de las empresas que proveen tecnología estratégica a grandes grupos económicos.
Y, sobre todo, la independencia de los jueces frente a campañas mediáticas impulsadas por actores con interés directo en el resultado del pleito.
Refutar el enfoque de Abc no es defender a un juez en particular, sino recordar algo básico: la Justicia no puede ser castigada por funcionar rápido cuando la ley le exige urgencia. Lo que sí merece reproche jurídico y político es intentar convertir al órgano de enjuiciamiento en una herramienta más de la defensa del banco Atlas.