Dos grupos van divididos entre los imputados por supuesto lavado de dinero en el caso de la investigación judicial sobre supuesto lavado de dinero. La denuncia la hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra el citado ente financiero. Luego, la Fiscalía imputó a los directivos.
Los directivos del banco Atlas, encabezado por su presidente, Miguel Ángel Zaldívar, jugaron a dispersar y a prolongar el proceso judicial sobre el supuesto lavado de dinero. La estrategia de defensa es que un grupo apela y otro, con menor cantidad, se somete al proceso y carga con las medidas impuestas por el juez.
Esta estrategia de defensa abre más posibilidades de promover más incidentes que si todo el grupo se sometiera al proceso. El grupo encabezado por Zaldívar, que presentó reposición y apelación en subsidio, no tiene ninguna restricción personal ni en sus bienes.
Aparte de Zaldívar, en este grupo están Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez. Con la apelación en subsidio, estos imputados maniobraron para evadir las restricciones que tan rápido obtuvieron encima los que no utilizaron este recurso.
Este mismo grupo presentó también pedido de nulidad del Acta de Imputación fiscal, bajo el fundamento de que no contiene el relato de los roles que cumplieron los procesados en el supuesto lavado de dinero. El juez rechazó el recurso de nulidad y ratificó que el Acta de Imputación cumplió con todos los presupuestos procesales.
También el juez rechazó el pedido de reposición, pero igual quedó la apelación que le permitió a estos procesados citados librarse de una audiencia de imposición de medidas y que el juez les imponga medidas.
Otro grupo fue de cuatro personas imputadas que se presentaron. Estas personas solamente presentaron recurso de reposición contra la resolución del juez por la cual este admitió el Acta de Imputación.
Ellos son María Clemencia Pérez de Leoz, Nora Cecilia Leoz de Cardozo, María Celeste Leoz de Ribeiro y Eduardo Queiroz García. Todo este grupo tuvo que poner caución real y afrontar el proceso con sus bienes por valor de mil millones de guaraníes cada uno.
Queiroz puso garantía bancaria con dicho valor, mientras los demás presentaron inmuebles cubriendo el mismo monto cada uno, que quedaron embargados por orden judicial. Aparte, nadie puede salir del país, todos deben mantener su domicilio, su número de teléfono y presentarse cuando el juez lo cite.
Mientras tanto, el expediente judicial pasó al Tribunal de Apelación segunda sala, especializado en delitos económicos, porque el grupo más grande presentó apelación en subsidio. Allí el grupo mayor logró ganar tiempo a favor y el proceso se dispersa: para un grupo hay apelación, para otro ya hay restricciones.