El agente del Ministerio Público, Alcides Giménez, imputó a un profesional contable quien supuestamente pagó con cheques desde cuentas inhabilitadas por casi 150 millones de guaraníes por la compra de electrodomésticos.
El esquema de estafa con cheques inhabilitados
El fiscal de Ciudad del Este, Alcides Giménez, imputó al contador y auditor Rafael Vicente Carvajal Valdez, de 50 años, por el delito de estafa.
Según la investigación, el imputado había realizado diversas compras desde el 2022 en la empresa A.A.G. Celulares, abonando con cheques, efectivo y transferencias, sin inconvenientes. Sin embargo, a partir de enero de 2025, el cobro de los cheques empezó a enfrentar problemas porque el banco inhabilitó la cuenta corriente del sindicato para operar, aunque este continuó emitiendo documentos de pago que nadie pudo efectivizar.
El monto total de la supuesta deuda
El agente del Ministerio Público pidió al juzgado la prisión preventiva del mencionado imputado porque existe peligro de fuga y además puede obstruir en la investigación. Conforme se pudo constatar con las facturas contables emitidas a su nombre, por la firma A.A.G. Celulares, el 23 de octubre del 2024 hizo un pago por un monto de 14.000.000 de guaraníes, el 24 de octubre pagó con cheque por 18.000.000, al día siguiente hizo una compra por 12.287.000 guaraníes.
Posteriormente, el 19 de noviembre del 2024 realizó un pago por 2.490.000 guaraníes, el 13 de diciembre realizó una compra por 43.380.000 guaraníes y ese mismo día hizo una compra por 13.995.000. El 18 de diciembre, Carvajal pagó con un cheque, estando su cuenta inhabilitada, la suma de 17.566.000 guaraníes, ese mismo día retiró mercaderías por valor de 14.940.000. Por último, el 3 de enero del 2025, hizo un pago por 11.918.000 guaraníes, totalizando 149.511.000 guaraníes.
Cheques sin fondos y documentos que confirman la estafa
Entre los cheques emitidos a favor de la firma A.A.G. y que no pudieron ser cobrados por insuficiencia de fondos y cuenta inhabilitada, figuran 11 en total, por un monto que asciende a 149.511.000 guaraníes.
Incluso después de la inhabilitación bancaria, el imputado ofreció algún tipo de arreglo o pago posterior que finalmente no se realizó, manteniendo la deuda pendiente. Tras la denuncia, en el marco de la investigación, la Fiscalía recabó facturas de venta, extractos de la cuenta bancaria, copias de los cheques y la declaración testifical de la víctima. Los documentos confirman que alguien simuló los pagos y que los fondos nunca estuvieron disponibles para cubrir la deuda, lo que sostiene la imputación por supuesta estafa.