En un nuevo capítulo de la política paraguaya, la atención ahora se centra en el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González, un evento que, lamentablemente, refleja la desviación de la atención de asuntos cruciales para la República. Mientras la arena política se enreda en esta controversia, temas esenciales como la renegociación del Tratado de Itaipú, el proyecto Hambre Cero y otros aspectos fundamentales para el bienestar del pueblo, quedan relegados a un segundo plano.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, los partidos de oposición en Paraguay han experimentado una decadencia preocupante, afectados por el histrionismo de sus dirigentes. Estos líderes, al privilegiar el espectáculo mediático y las redes sociales, descuidan temas de vital importancia para la República, como la educación, la salud y la seguridad.

En este contexto, los propulsores de la pérdida de investidura argumentan la existencia de elementos suficientes que justifican la remoción de la senadora. Por otro lado, hay un sector que la defiende a capa y espada. ¿Quién tiene la razón? La polarización generada por actores políticos y medios de comunicación dificulta la objetividad al evaluar las situaciones, incluso cuando se trata de causas justas.

Creemos sin embargo, que es oportuno recordar que todos deben ser juzgados con las mismas reglas, un principio básico del Estado de Derecho. La postura de aquellos que aplaudieron pérdidas de investidura previas pero hoy las consideran inviables carece de coherencia. La propia senadora Kattya González ha sido promotora de procesos similares, aplicando las mismas reglas que ahora la perjudican.

Además, es fundamental considerar que otros congresistas enfrentan acusaciones igualmente graves que las que se presentan en el caso de la senadora González. Abogamos por el uso sabio de la herramienta constitucional, evitando que se convierta en una vendetta política para aplacar las filas de los contrincantes de turno.

En cuanto a la senadora González, es innegable que ha estado involucrada en actos cuestionables, denunciados por diversos medios de prensa. Su mayor error ha sido optar por el silencio en lugar de abordar las acusaciones y graves hechos que se le imputan. En lugar de rebatir las denuncias, ha recurrido a su acostumbrada estrategia mediática, como si esta herramienta, mediante la cual se había posicionado en la escena política en su inicio, pudiera servirle esta vez para mantenerse en su sitial

Claramente esto no es así, pues si bien vivimos en un país no muy adepto a la formalidad y la rigidez que imponen las normas de conducta, el ejercicio de la política sí impone el cumplimiento de ciertas pautas. No cabe en Paraguay, la forma de hacer política pretendida por la senadora, y para muestra basta el caso del ahora ex senador Paraguayo Cubas.

Desafortunadamente, la politización y banalización de la política cobran ahora una víctima que, de haber actuado con mayor perspicacia, podría haberse convertido en una poderosa voz de la oposición. El desconocimiento de aspectos fundamentales de la realidad política y la incapacidad de evaluar con precisión la temperatura política y social han llevado a la pérdida de una potencial voz relevante.

A pesar de todo, la máxima «dura lex, sed lex» – la ley es dura, pero es la ley – debe prevalecer. Aquellos que la infringieron deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.

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