El caso del presunto feminicidio de María Fernanda Benítez revela un ángulo doloroso y complejo: el encubrimiento por parte de los padres del principal sospechoso. Este hecho plantea una pregunta crucial: ¿hasta dónde puede llegar el instinto de protección de unos padres ante un hijo que comete un crimen atroz?
Psicólogos y especialistas advierten que, frente a situaciones extremas, las familias activan mecanismos de defensa como la negación, la minimización o la justificación. Estas reacciones, aunque comprensibles desde lo humano, no son aceptables cuando se traducen en obstrucción a la justicia.
La fiscalía sostiene que los padres del sospechoso habrían facilitado su fuga, configurando una forma de complicidad que va más allá del lazo familiar, la participación penal. No se trata de demonizar el amor parental, sino de establecer con claridad que el apoyo emocional no puede convertirse en encubrimiento.
Cuando se protege al victimario, se abandona a la víctima. Esa actitud debilita la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje peligroso: que los crímenes de género pueden quedar impunes si el entorno familiar actúa como red de impunidad.
Este caso debe ser un llamado de atención para implementar con urgencia acompañamiento psicológico a familias en crisis, así como herramientas legales más eficaces para investigar no solo al autor del hecho, sino también a quienes lo ayudan a eludir la ley. Es necesario trazar una línea clara entre el acompañamiento y la complicidad.
El proceso judicial por el caso de María Fernanda ya ha estado plagado de demoras y fallos. Confiamos en que las instituciones finalmente estén a la altura y sancionen con firmeza tanto al autor material como a los eventuales cómplices, incluyendo autoridades cuya inacción prolongó el sufrimiento de la familia de la víctima.
El amor de unos padres no está en discusión. Lo que sí debe cuestionarse es cuándo ese amor se transforma en un obstáculo para la justicia. Paraguay necesita construir un puente entre el derecho a defender a los propios y el deber ciudadano de colaborar con la verdad. Solo así podremos evitar que tragedias como la de María Fernanda se repitan.
