La democracia paraguaya, tan anhelada y celebrada desde 1989, tiene una cifra estadística dolorosa: 21 periodistas asesinados en plena era de las libertades. Este dato estremecedor salta nuevamente con el lanzamiento del libro “Periodismo y Libre Expresión bajo fuego de la narcocracia”, que será presentado en la fecha, en el marco de la Feria Internacional del Libro.
No se trata de cifras frías ni de meros datos para el archivo. Se trata de vidas truncadas por ejercer la palabra, de hombres y mujeres que confiaron en que la libertad de prensa era real, y que la Constitución garantizaba el derecho a informar y ser informado.
La mayoría de ellos no trabajaban en redacciones céntricas ni gozaban de protección institucional. Eran periodistas del interior del país, muchas veces solos frente al poder de las mafias, que cometieron la osadía de denunciar a los capos del narcotráfico, a los clanes políticos corruptos, y lo pagaron con su vida.
La impunidad es la regla. Nueve de cada diez asesinatos de periodistas quedaron sin justicia. Esa cifra duele. Duele porque es síntoma de un Estado ausente, de una justicia cómplice o temerosa, y de una sociedad que se ha acostumbrado peligrosamente al silencio impuesto por la violencia. El crimen organizado no sólo trafica drogas: trafica miedo, impone censura y compra conciencias. Y ha extendido sus raíces por casi todos los departamentos del país.
El libro, escrito por José María Costa y Élida Acosta Dávalos, no es solo una recopilación de hechos trágicos. Es una denuncia. Es una advertencia. Y es, sobre todo, un acto de resistencia en un país donde ejercer el periodismo se ha vuelto, en ciertos lugares, una profesión de alto riesgo. La incorporación del caso del diputado Lalo Gómez, asesinado durante un allanamiento, amplía el foco hacia la oscura relación entre narcotráfico, política y crimen.
El mensaje debe ser claro: no hay democracia sin periodismo libre. Y no hay periodismo libre cuando reinan la persecución, el miedo y la muerte.
Es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Es deber de la sociedad no callarse más. Porque cuando un periodista es silenciado, es la ciudadanía entera la que queda desinformada y a merced del poder criminal.
