La pareja que lidera Abc Color y banco Atlas tiene diseñado un manual para intentar justificar la cancelación del proceso de fusión entre la citada banca y otra entidad financiera. Así pretende cargar la culpa -cuya responsabilidad es del mismo matrimonio- sobre factores externos, yendo por las ramas, ocultando aristas de fondo que conforman la verdad de los hechos.
El núcleo que incidió en la postura asumida por Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, radica en investigaciones pendientes que comenzaron a correr en la Justicia: al posible uso irregular del software bancario se suma un cuadro amplio que la entidad arrastra, inclusive el presunto lavado de dinero y otras denuncias más, que colocan al directorio de la banca bajo la lupa pública nacional e internacional.
Ante el panorama incómodo, más que nunca usarán sus medios para intentar desviar el foco veraz. Por eso, no dirán que el banco Atlas ganó su mayor visibilidad, sin publicidad pagada, tras una acusación de la Conmebol por movimientos de fondos durante la gestión de Nicolás Leoz. La causa derivó en el allanamiento a la casa matriz por fiscales de Delitos Económicos. En ese tiempo, el poder político estaba a cargo del amigo y compañero de la familia Zuccolillo/Zaldívar, Mario Abdo Benítez (julio/2021).
La investigación derivó en la imputación al presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar. Esa situación, que no esperaban, es motivo para que cualquier contraparte entienda el peligro existente sobre la operación comercial, que tenía (encima) otros casos judiciales que exponen riesgos penales, patrimoniales y reputacionales. Por agregar unos casos más, está la denuncia judicial asociada al narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca y cuestionamientos sobre manejo de recursos de fideicomisos, entre ellos uno vinculado al IPS.
En su comunicado, Atlas atribuyó el cierre del proceso de fusión a “acciones injustificables” de la empresa tecnológica itti y a decisiones de la Justicia que dificultaron la operación. Sin embargo, el conflicto con itti es solo una parte de un cuadro más amplio. Ante la situación complicada, la pareja mencionada intenta sacar los casos del ámbito jurídico y llevarlo al plano mediático, político y al campo externo, donde figura la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Un estilo que se sabe es tradicional cuando concierne a los intereses del grupo Zuccolillo.
Para que se sepa de antemano los pasos siguientes que hará la dupla Natalia y “Miki” se describe abajo el manual de Abc y Atlas pensado en el objetivo de camuflar la cancelación de la fusión e intentar trabar los procesos judiciales en curso. Lean el borrador del manual, que resumimos con la ayuda de la misma gente cercana a Abc Color.
La jugada es presentar los casos como:
1. Ataque a la libertad de prensa.
2. Persecución del poder político.
3. Injerencia judicial.
* Inseguridad jurídica en Paraguay.
Dirá que los efectos son:
1. Traba al libre comercio.
2. Golpe contra la libertad de mercado.
3. Resta fuente de trabajo.
* No hay libre competencia en Paraguay.
Recurrirá a:
1. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
2. La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).
3. A toda oposición al actual gobierno.
* Dará apoyo financiero y mediático a todas las voces y acciones que favorezcan sus objetivos.
Pero ocultará la verdad, no dirá que:
1. La fusión no se hizo por presunto uso indebido de software ajeno.
2. Existen graves denuncias judiciales que involucran al presidente de Atlas, que incluye lavado de dinero.
3. Está por verse el caso “Cabeza Branca” qué aún no explotó.
* No hablará de las chicanas y coacciones para zafar imputaciones que pueden llevar a condenas. Su discurso es ir por las ramas y causar confusión.
Finalmente, invitamos a los lectores, en serena reflexión, a sacar sus conclusiones. La libertad de prensa exige atender el contenido y evitar que el continente contamine la verdad. Quienes estudian el accionar del grupo Zuccolillo/Abc Color saben que siempre, históricamente, se blindó en la impunidad para proteger y hacer crecer sus intereses, para lo cual sus portadas y editoriales se creen con derecho de hasta destruir a personas, empresas e instituciones de la República.