El lanzamiento del Plan Anticontrabando 2025 por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones del Estado es, sin duda, una señal positiva. Sin embargo, en un país donde el contrabando ha operado durante décadas con la complicidad de quienes debían combatirlo, cualquier estrategia debe ser medida por sus resultados.
Las fronteras paraguayas son un colador. La permeabilidad de los límites nacionales ha facilitado no solo el ingreso de productos de consumo diario como aceites, frutas y detergentes, sino también el tráfico de armas y drogas, controlado por organizaciones criminales transnacionales. Combatir el contrabando es también una lucha contra la inseguridad, y en ese sentido, el refuerzo de controles en las zonas fronterizas es una acción necesaria.
El problema no radica únicamente en quienes cruzan mercaderías en la frontera para sobrevivir. La verdadera estructura del contrabando opera a gran escala en los centros de distribución. En Paraguay, no es un secreto que los grandes supermercados comercializan productos de ingreso irregular. Mientras estos eslabones no sean atacados con la misma firmeza que se incauta un cargamento en la frontera, el combate seguirá siendo una lucha desigual.
El perjuicio económico del contrabando es enorme. Los productores nacionales, en especial los hortigranjeros, sufren año tras año las consecuencias de la competencia desleal. Los fabricantes de productos domisanitarios también resienten el impacto en sus ventas. A este daño económico se suma el peligro para la salud pública, ya que muchos productos ilegales no cumplen con los controles sanitarios adecuados.
Por ello, el combate al contrabando no solo debe centrarse en la represión, sino también en la concienciación. La sociedad paraguaya aún no dimensiona el impacto que tiene esta práctica en la economía y en la seguridad. Se requieren campañas educativas sostenidas para que la ciudadanía comprenda que cada producto de contrabando adquirido es un golpe contra la producción nacional, la muerte de industrias generadoras de empleo, una posible amenaza a la salud y vía libre para el afianzamiento de las rutas del tráfico ilegal.
El Plan Anticontrabando 2025 tiene ante sí una gran oportunidad de demostrar en los resultados el impacto positivo en la sociedad de la lucha contra el ingreso ilegal de mercaderías al territorio nacional.
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