Las miradas se concentran, por ahora, en la contención bancaria y las acciones fiscales/judiciales, que toma ya, ciertamente, otro rumbo con una nueva tipificación del delito.
En Paraguay, el concepto de asociación criminal (Artículo 239 del Código Penal) se aplica cuando una o más personas crean, integran, promueven o brindan apoyo logístico a una estructura organizada jerárquicamente con el fin de cometer hechos punibles. En lo sucedido están los protagonistas estatales y las figuras privadas.
Por de pronto, en la causa abierta contra Vázquez, un Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, ayer de tarde, agregó los tipos penales de asociación criminal y lavado de activos. Además, se ratificó la prisión preventiva de él y de los principales imputados.
Se veía venir pues igualmente el Ministerio Público está mostrando con su accionar, sin hablar aún sobre eso, que en la unión criminal coexistente está el sector público y el privado. Por todo lo que está recabando, por la forma que está obrando, ya cuando la Justicia les brinde los seis meses de plazo, la tipificación también está cantada...
El mismo titular del Ministerio Público había adelantado en una entrevista a la prensa al hablar sobre la corrupción sistémica de Ueno Bank. Más todavía cuando no paran los allanamientos y la investigación sobre el uso de fondos estatales y de aquellos de orígenes dudosos, que aumentan la prueba de la complicidad entre autoridades públicas y la mencionada entidad privada.
En una imputación inicial, tras su salida por juicio político, está el propio expresidente Peña. Luego llegó el turno al ex presidente del BCP, Carvallo. Por ahora, tienen encima los cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio (además de documento falsos en el caso de Carvallo).
En tanto, Vázquez (vicepresidente 1° de ueno bank) y 26 personas (incluyendo la cúpula directiva y accionistas de empresas vinculadas) están imputados (ojo en primeras diligencias) por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar debidamente libros de comercio.
Los fiscales, que deben presentar las pruebas, aún están en la preliminar de reunir todos los presupuestos para ratificar la ampliación de la calificación a asociación criminal. Es decir, es un periodo en que evalúan unificar causas con más elementos para luego, en su debido tiempo, defender la carpeta fiscal ante la Justicia.
Para La Tribuna cabe, dentro de un Estado de Derecho, la caratula como asociación criminal. Es que resulta clara la conexión y el concierto de actuaciones de jerarcas de la función pública y actores privados en la estafa bancaria que jugó a matar a ahorristas, jubilados y trabajadores en general.