La transparencia debe ser el norte de toda gestión, siempre. En ese celo y cuidado debe estar alerta y vigilante la sociedad. Lo que es indebido es la intención de hacer la carga insuficiente o indebida por enojos personales o por disquicencias con el poder de turno. Peor aún cuando se pone entre medio a una nación amiga, como es la República de China, Taiwán.
La guerra por la guerra, el enojo por el enojo y la oposición por la oposición ya causaron mucho daño en la convivencia nacional. Es un mal, que, en porcentaje, históricamente, se fue instalando a través de la prensa. En esa conducta, el bien casi nunca benefició a la mayoría. Fue así porque la agenda respondía a carpetas particulares o de grupos irritados con el poder de turno, al que no podía subyugar o manipular para sus fines.
En las publicaciones que pretenden instalar sospechas infundadas sobre los procesos vinculados a la donación de la República de China (Taiwán) algo de eso se percibe. En ese intento de daño se quiere poner en tela de juicio la institucionalidad de un poder de Estado y la relación de amistad de años con un gobierno amigo.
Hablamos, en el caso interno, del Congreso Nacional, y en el aspecto externo, de Taiwán. La referida serie de notas hasta parece una campaña política al no tener sustento contra el Parlamento y ya al afectar la imagen de la nación extranjera. Entonces, cabe el derecho a interrogar qué hay detrás de la actitud de poner grietas en la ayuda taiwanesa, pues, al final, es eso; se la pone como estafa o falto de tino en su cooperación a los taiwaneses.
Lo llamativo es que la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas llegó a determinar que los procedimientos del cual hablamos están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N.º 7.021/2022. Es así por tratarse de cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso.
Aún así, el Congreso dictó un Reglamento Interno de Contrataciones, que reproduce los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley N.º 7.021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y al financiamiento internacional. Es más, los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, permitiendo la participación de oferentes, sin que exista obligación legal de hacerlo a través de ese portal.
Por lo que pudimos conocer, hasta se conformaron instancias técnicas especializadas (Unidad Ejecutora de Proyecto y Comité de Evaluación) para blindar la trazabilidad y control en cada etapa del proceso. Incluso los procesos están sometidos a verificación de la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucional en materia de control, lo cual descarta hasta la insinuación de la falta de fiscalización.
Esas portadas en sistemática posición, que coloca como falto de entendimiento a Taiwán y de opacidad al Congreso, conllevan un sentido de agresión al carecer las publicaciones de solidez técnica. Hasta ahora todo se parece más a contenidos de barricadas partidarias y sutil pedrada contra Taiwán en beneficio de China continental. Puede ser así al desconocerse el marco normativo aplicable para tal efecto y los mecanismos de control existentes.