Uno de los ejes centrales de la reforma es la estandarización gradual de la edad mínima de jubilación. Mientras que actualmente existen sectores en los que no se exige edad mínima para el beneficio (como el Magisterio, Policía Nacional o las Fuerzas Armadas), la propuesta establece un umbral general de 57 años como edad para la mayoría de los regímenes. Esta medida apunta a corregir los incentivos al retiro anticipado y a extender la vida laboral activa, en línea con las tendencias demográficas que muestran un aumento sostenido de la expectativa de vida.
Junto con ello, se nivela el requisito de años de aporte, estableciendo en 25 años el mínimo exigido en casi todos los sectores. Actualmente, existen regímenes que permiten el acceso a la jubilación con apenas 10 o 15 años de servicio, lo cual desvirtúa el equilibrio contributivo del sistema y agrava el déficit actuarial. La unificación de este parámetro no solo refuerza la equidad intersectorial, sino que también fortalece la sostenibilidad financiera, al aumentar los años de contribución previa al retiro.
Otro cambio clave tiene que ver con la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que un trabajador percibe como haber jubilatorio. En el régimen actual, sectores como los magistrados acceden a tasas del 94%, y otros como el magisterio o los docentes universitarios al 83%. La reforma propone reducir estos porcentajes a un máximo del 78%, aplicable de forma uniforme. Esta corrección busca alinear los beneficios con los aportes efectivamente realizados y reducir las disparidades que hoy existen entre regímenes y otros con menor cobertura.
Un punto especialmente sensible es el cambio en la base de cálculo del haber jubilatorio. En muchos sectores, el beneficio se determina en función del último salario percibido, lo cual distorsiona la lógica contributiva y facilita arbitrariedades, como ascensos de último momento o ajustes artificiales. La reforma reemplaza esta fórmula por el promedio de los últimos cinco años, o más en algunos casos, lo que introduce un criterio más técnico, justo y sostenible. Este ajuste tendrá un impacto directo en la contención del gasto previsional futuro.
En sectores históricamente deficitarios, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el proyecto plantea un cambio de paradigma. Actualmente, estos grupos pueden jubilarse sin edad mínima y con apenas 10 o 15 años de servicio, accediendo a beneficios equivalentes al salario de los activos. Bajo la nueva propuesta, deberán cumplir 20 años de aporte y 57 años de edad, y la jubilación se calculará también sobre promedios salariales, no sobre sueldos finales o equivalentes activos. Este giro representa una corrección profunda a los beneficios establecidos en estos regímenes especiales.
En términos financieros, las implicancias de la reforma son significativas. Si bien en el corto plazo puede haber una transición con presión sobre ciertos grupos, en el mediano y largo plazo se espera una contención gradual del déficit previsional. Según estimaciones, la aplicación progresiva de estas medidas podría generar un ahorro de más de G. 1 billón anuales hacia 2030 (USD 150 millones anuales aprox.), lo que aliviaría considerablemente la carga del Tesoro Nacional. Asimismo, se prevé una mejora en los indicadores de sostenibilidad del sistema, incluyendo la relación entre activos y pasivos previsionales.
La postergación de la reforma previsional no es neutra. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el costo acumulado de no implementar la reforma en los próximos 10 años alcanzaría los USD 9.820 millones, lo que representa más del 60% del presupuesto nacional actual. Este monto casi quintuplica el déficit histórico de la Caja Fiscal acumulado en la última década.
El impacto de este déficit estructural se traduce en una creciente presión sobre los ingresos del Estado. Por ejemplo, en 2025 la Caja Fiscal registró un déficit de USD 380 millones, financiado totalmente por impuestos. Si no se realiza la reforma, en 2028 se estima que la Caja demandará al Tesoro USD 683 millones, lo que equivale a la construcción de 10 hospitales de alta complejidad, una pensión universal para el 86% de los adultos mayores del país, la refacción de 350 escuelas públicas o la pavimentación de 3.200 km de rutas nacionales.
Además, para financiar solo tres años de déficit previsional (2026–2028) sin reforma, el Estado debería aplicar un aumento de impuestos desproporcionado, como llevar el IVA al 14% o establecer una tasa efectiva del 80% en el IRP, lo que sería política y económicamente inviable.
En suma, el costo de la inacción no solo es fiscal, sino social. Afecta el margen de maniobra presupuestaria del Estado, reduce el espacio para la inversión pública y socava la credibilidad del sistema previsional. Reformar es, por tanto, una necesidad urgente para asegurar justicia intergeneracional, sostenibilidad financiera y responsabilidad institucional.
No obstante, la reforma requiere un alto grado de consenso político y social, ya que implica revisar beneficios adquiridos (o en expectativas) y enfrentar resistencias de sectores que serán impactados. Para que sea viable, debe ser acompañada de medidas de transición justas, comunicación clara a los afiliados y garantías sobre el respeto a los derechos adquiridos y en curso, así como también la participación estatal como empleador. También será clave fortalecer la gobernanza previsional, con órganos técnicos independientes que monitoreen la sostenibilidad y revisen periódicamente los parámetros del sistema.
La propuesta de reforma de la Caja Fiscal no debe ser una medida aislada; tiene que formar parte de una estrategia más amplia del Estado paraguayo para ordenar las finanzas públicas y modernizar el sistema previsional. En este sentido, se trata de una oportunidad histórica para consolidar un sistema más equitativo, transparente y viable. El costo de no reformar —en términos fiscales, sociales y políticos— es claramente superior al costo de avanzar con responsabilidad y visión de largo plazo.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.