La detención del narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, reveló una estructura de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en Paraguay y Brasil. La investigación identificó al país como una de las principales plataformas financieras utilizadas para canalizar ganancias ilícitas mediante estancias ganaderas, empresas de fachada y prestanombres.
Según el Ministerio Público, Da Rocha adquirió al menos 20 propiedades rurales en Paraguay, varias de ellas incautadas y puestas bajo administración de la Senabico. El esquema incluyó sociedades comerciales sin actividad real y personas con bajo perfil económico que figuraban como titulares de bienes y operaciones millonarias.
En este contexto aparece el banco Atlas, que en el 2015 concedió un préstamo de USD 6,5 millones a la empresa Biocombustible Brasilero SA (Biobras), vinculada a un presunto testaferro del capo. El crédito fue garantizado con una de las estancias luego incautadas. La operación se realizó bajo normativa antilavado vigente, sin que se reportaran alertas por el perfil del cliente.
Tras la captura de “Cabeza Branca”, el crédito cayó en mora y el banco inició acciones para ejecutar la garantía, generando un conflicto con el Estado por la administración del inmueble. La Fiscalía mantiene abierta una causa para determinar eventuales responsabilidades por lavado de activos y omisiones en los controles.
El caso expuso falencias en los mecanismos de prevención y reactivó el debate sobre el rol del sistema financiero en operaciones vinculadas al crimen organizado.