Al 6 de enero del 2026, el caso FIFA-Gate/Leoz-banco Atlas lleva casi 10 años sin una resolución definitiva. La imputación de directivos del banco en el 2025 reactivó la causa, con abril del 2026 fijado para un requerimiento conclusivo.
Al 6 de enero del 2026, el expediente originado en denuncias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre presuntas maniobras financieras asociadas a Nicolás Leoz y su relación con el banco Atlas se acerca a los 10 años sin una definición de fondo. Aunque Leoz falleció el 28 de agosto del 2019, la investigación continuó por la eventual participación de terceros y por el destino de los fondos investigados.
Cómo empezó: FIFA-Gate, auditoría y denuncia local
De acuerdo con la cronología, el 7 de enero del 2016 la Fiscalía registró la sede de la Conmebol en el marco de pedidos de cooperación internacional vinculados al FIFA-Gate. Ese contexto impulsó una investigación interna y una auditoría forense. En esa línea, Abc Color reportó que los indicios de hechos punibles fueron elevados al Ministerio Público el 6 de junio del 2017, abriendo paso a la denuncia formal en Paraguay y a posteriores ampliaciones.
La “pista Atlas”: depósitos y fideicomisos bajo sospecha
El tramo que involucra al banco Atlas combina, según la imputación y la cobertura periodística, dos momentos relevantes.
Por un lado, La Tribuna informó que la hipótesis fiscal menciona depósitos en efectivo de gran volumen realizados por Leoz en el 2013 —en torno a USD 5,1 millones en operaciones sucesivas—, un patrón que, en la lectura acusatoria, debía disparar controles reforzados.
Por otro, Última Hora detalla que en el 2016 Leoz habría celebrado y modificado contratos de fideicomiso con el banco como fiduciario por G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, montos que hoy están en el centro de la discusión sobre debida diligencia y alertas públicas.
Años de dilación y urgimientos
Entre el 2021 y el 2024, la causa avanzó a ritmo irregular, con reclamos recurrentes por falta de una decisión de fondo. En el 2024, el abogado de Conmebol, Claudio Lovera, presentó urgimientos para que la Fiscalía se expida, sosteniendo que ya existían elementos suficientes para un pronunciamiento.
En paralelo, La Tribuna menciona actuaciones como allanamientos al banco Atlas y a la Superintendencia de Bancos en el 2021, que la parte denunciante considera hitos relevantes en la discusión sobre plazos y prescripción.
El quiebre del 2025 y el horizonte 2026
El 30 de octubre del 2025 se produjo el cambio de escenario: los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (presidente del banco Atlas, esposo de Natalia Zuccolillo, dueña del diario ABC Color) y a otros directivos, además del oficial de cumplimiento, así como a familiares de Leoz, entre otros.
Días después, un juzgado admitió la imputación y fijó el 30 de abril del 2026 como fecha para el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, estableciendo el 2026 como año decisivo en audiencias e incidentes procesales.
En ese marco, incluso desde la Fiscalía se reconoció que la prescripción será materia de debate dentro del proceso. Y todo indica que la estrategia de defensa es buscar dilatar para evitar que se investigue el caso. En comunicados públicos el banco Atlas sostiene que los fideicomisos se constituyeron con fondos “trazables” de actividades comerciales locales, que la auditoría forense no menciona a la entidad y que el Banco Central del Paraguay no lo sancionó por incumplimientos antilavado en este caso.
Al mismo tiempo, el expediente se desarrolla bajo alto escrutinio público: un informe de FIX describe a Atlas como entidad vinculada al Grupo Azeta, plataforma empresarial asociada a la familia Zuccolillo, subrayando el peso reputacional de sus principales accionistas.
Con la imputación ya admitida, la causa dejó de ser un expediente “en pausa” para entrar en su fase definitoria. La pregunta de fondo ya no es solo qué ocurrió, sino si el sistema judicial podrá llegar a una decisión fundada —absolutoria o condenatoria— sin que el paso del tiempo vuelva irrelevante el esfuerzo investigativo. Mientras tanto, rige la presunción de inocencia para todas las personas imputadas hasta que exista una sentencia firme.