El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, aclaró que la institución no posee facultades legales para intervenir en la formación de precios, a pesar de la marcada baja en la cotización del dólar. El funcionario señaló que cualquier intento de fijación de costos está prohibido por la Constitución Nacional, dejando la respuesta a la preocupación ciudadana en una mera declaración de intenciones. Orué subrayó que, aunque el dólar bajó significativamente, el Estado solo puede apelar a la transparencia de los sectores económicos sin poder influir en sus decisiones comerciales.
El titular de la DNIT derivó la responsabilidad del monitoreo de mercado a instituciones como Sedeco y Conacom, reconociendo que la intervención estatal en este ámbito es limitada. Asimismo, explicó que la fluctuación cambiaria es un factor mundial complejo y que el impacto en la canasta básica solo debería verse reflejado una vez que el tipo de cambio se estabilice. Hasta el momento, la DNIT se pone a disposición del Congreso únicamente para explicar aspectos técnicos, pero sin herramientas para forzar una disminución de costos al consumidor.
Contrabando de carne y distorsiones en el mercado fronterizo
Óscar Orué reveló que durante el 2025 se intensificó el ingreso ilegal de productos cárnicos desde Brasil, lo que obligó a realizar incautaciones masivas en la zona de Alto Paraná. La institución procedió a la destrucción total de estas mercaderías debido a que carecían de garantías sanitarias, imposibilitando incluso su donación. El director resaltó que el contrabando persiste como una de las principales amenazas que erosionan la recaudación fiscal y castigan a las empresas que cumplen con la ley.
No obstante, el funcionario mencionó que Senasa autorizó importaciones legales para ayudar a estabilizar los precios internos ante el alto volumen de exportación de la producción nacional. Por consiguiente, la DNIT intenta equilibrar el control fronterizo con el flujo comercial regulado, aunque admite que el mercado sigue enfrentando presiones externas. La lucha contra el contrabando se mantiene como una prioridad operativa para evitar que la informalidad siga dictando las reglas en las zonas colindantes.
Prórroga administrativa para el sector de la quiniela
En otro orden, Óscar Orué confirmó que el Poder Ejecutivo firmará un decreto para prorrogar la concesión de la quiniela ante el vencimiento del contrato actual. Esta medida administrativa busca evitar la paralización del juego de azar y proteger la recaudación diaria del Estado mientras se sustancia el nuevo proceso licitatorio. El director explicó que la prórroga es necesaria para implementar un pliego que busca la desmonopolización del sector a partir de junio de 2026.
La gestión de la DNIT durante el año cerró con un informe centrado en el aumento de la fiscalización y la presentación de denuncias ante irregularidades. Orué concluyó que, aunque la recaudación crece a tasas razonables, el principal desafío para el 2026 será modernizar los procesos para combatir la informalidad persistente. El compromiso institucional sigue enfocado en dotar de previsibilidad al sistema económico, a pesar de las limitaciones legales para actuar sobre los precios finales.