El desequilibrio fiscal de Paraguay, que alcanzó el 3,8 % del PIB en 2024 según el Ministerio de Hacienda, refleja un gasto público estructuralmente insostenible, que creció un 7 % anual entre 2020 y 2024, frente a un crecimiento económico promedio del 3,5 %. Este desbalance, agravado por ineficiencias en el sector público y presiones clientelistas, amenaza la estabilidad macroeconómica y eleva la deuda pública, que llegó al 41 % del PIB redondeando.
Desde un enfoque técnico, los desafíos políticos radican en la incapacidad de alinear intereses sectoriales con el bienestar colectivo, lo que exige un Estado más eficiente que maximice la libertad de los ciudadanos para generar riqueza, en lugar de depender de intervenciones estatales insostenibles.
El primer desafío político es la falta de consenso social sobre la necesidad de disciplina fiscal. La ciudadanía, influenciada por narrativas populistas, percibe los ajustes fiscales como una amenaza a los beneficios adquiridos.
Sin embargo, datos del FMI muestran que países con déficits fiscales persistentes enfrentan un aumento promedio del 15 % en los costos de financiamiento externo, lo que limita el crecimiento.
En Paraguay, el gasto corriente, que absorbe el 80 % del presupuesto nacional, deja solo un 15 % para inversión pública, frente al 25 % promedio en países de la OCDE. La política debe implementar una estrategia de comunicación basada en datos, explicando cómo la consolidación fiscal libera recursos para sectores clave como infraestructura (2 % del PIB en 2024, frente al 5 % recomendado por el FMI) o educación (3,4 % del PIB frente al 5 % regional). Esto requiere campañas educativas que vinculen la estabilidad fiscal con beneficios individuales, como menor inflación y mayor acceso a crédito privado.
El segundo desafío es la fragmentación política y la influencia del clientelismo en los partidos tradicionales, como el Partido Colorado y el Partido Liberal. La falta de coaliciones reformistas dificulta la aprobación de medidas estructurales, como la racionalización del gasto público o la modernización del sector público, que en 2024 generó pérdidas equivalentes al 0,5 % del PIB en empresas estatales.
La solución técnica pasa por establecer instituciones independientes y reglas fiscales vinculantes. Uruguay, por ejemplo, implementó una regla fiscal en 2019 que redujo su déficit en 1,5 puntos porcentuales del PIB en tres años, limitando la discrecionalidad política. En Paraguay, una ley de responsabilidad fiscal, supervisada por un consejo fiscal independiente, podría reducir el impacto del clientelismo, asegurando que el presupuesto priorice la eficiencia y el largo plazo sobre los intereses electorales.
Un tercer desafío son las resistencias corporativistas de gremios y grupos de presión, que defienden privilegios sectoriales a expensas de la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, los subsidios estatales, que representaron el 10 % del gasto público, distorsionan el mercado y desincentivan la iniciativa privada.
La política debe promover reformas que fomenten la competencia y reduzcan el tamaño del Estado, como la privatización de empresas públicas ineficientes o la flexibilización de regulaciones laborales. Chile ofrece un caso comparativo, ya que su apertura a la inversión privada en servicios públicos incrementó la productividad en un 20 % entre 2000 y 2020, atrayendo flujos de inversión extranjera directa equivalentes al 4 % del PIB anual.
Para nosotros, estas reformas podrían liberar recursos para inversiones productivas, como conectividad rural, donde la cobertura de internet es solo del 45 %, frente al 70 % promedio en América Latina.
La política también debe empoderar al individuo como motor del crecimiento económico. En lugar de un Estado paternalista, se necesitan incentivos para el ahorro y la inversión privada, como deducciones fiscales para emprendedores o sistemas de capitalización individual de pensiones.
El sector privado representa el 70 % del PIB, pero su crecimiento está limitado por regulaciones excesivas. Los líderes deben articular una visión que conecte la disciplina fiscal con la prosperidad individual, mostrando cómo un Estado más pequeño y eficiente permite a los ciudadanos prosperar sin las trabas de la burocracia.
Por ejemplo, redirigir el gasto corriente hacia inversión pública podría aumentar el empleo formal, que solo cubre al 35 % de la fuerza laboral, frente al 50 % promedio en la región. Esto requiere una estrategia de negociación con sectores sociales, basada en datos que demuestren los beneficios de largo plazo.
El contexto internacional refuerza la urgencia de estas reformas. Como economía abierta dependemos de la confianza de los mercados globales. Un déficit fiscal persistente nos obliga a cubrir el rojo con financiamiento externo.
La política debe enviar señales claras de compromiso con la estabilidad, como la creación de un fondo soberano para estabilizar ingresos volátiles, un modelo exitoso en Chile que ha reducido la volatilidad fiscal en un 30 % desde 2008.
Los desafíos políticos de la patria en su lucha contra el desequilibrio fiscal requieren un enfoque técnico que priorice la eficiencia del Estado y la libertad individual. La política debe actuar con liderazgo, promoviendo reglas fiscales vinculantes, desmantelando privilegios corporativistas y empoderando a los ciudadanos mediante incentivos a la iniciativa privada, consolidando un futuro de estabilidad y crecimiento inclusivo a través de instituciones fuertes y una visión de largo plazo.
César Addario Soljancic: analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.