El MIC puso en marcha un nuevo esquema para facilitar la radicación de capitales extranjeros en el país. A través de una nueva resolución, se actualizó el procedimiento para la obtención de la Constancia de Inversionista Extranjero, requisito indispensable para acceder a la residencia permanente en carácter de inversor.
La medida apunta a dinamizar los procesos administrativos y a generar un entorno más atractivo para quienes buscan instalarse y desarrollar negocios en nuestro país. El documento es gestionado mediante el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), plataforma que concentra los trámites vinculados a la formalización empresarial.
La modificación introducida por el MIC establece plazos definidos, reduce exigencias burocráticas y habilita nuevas formas de demostrar solvencia económica, lo que en la práctica significa un acceso más ágil y previsible para los inversores foráneos. Uno de los cambios más significativos es el establecimiento de un máximo de cinco días hábiles para la expedición de la constancia.
Hasta ahora, los plazos solían ser más prolongados y sujetos a demoras. Con este ajuste, el Gobierno busca ofrecer certidumbre y rapidez, dos aspectos claves para quienes evalúan instalar proyectos en la región. Además, el plan de negocios que el inversor presenta pasa a constituirse en una declaración jurada vinculante.
Esta innovación elimina la necesidad de certificaciones notariales y simplifica la preparación de la documentación, reduciendo tiempos y costos. Según especialistas en comercio exterior, este tipo de medidas contribuye a que Paraguay se acerque a estándares internacionales de eficiencia administrativa.
Otra novedad destacada es la exoneración de traducción oficial para documentos emitidos en países miembros del Mercosur. Esto beneficia directamente a empresarios de Brasil, Argentina y Uruguay, quienes ya no deberán asumir gastos adicionales ni enfrentar retrasos por la traducción de documentos.
De esta manera, se eliminan barreras innecesarias en un bloque donde la integración económica es cada vez más intensa. El marco regulatorio mantiene, no obstante, el monto mínimo de inversión requerido: USD 70.000 o su equivalente en guaraníes por solicitante. También se sostiene la obligación de generar al menos cinco empleos formales por cada proyecto presentado.
Estas condiciones buscan garantizar que la llegada de capital extranjero no solo se traduzca en recursos financieros, sino también en oportunidades laborales para la población local. Para acreditar la capacidad financiera, los inversionistas disponen ahora de más alternativas.
Pueden presentar extractos bancarios, títulos de inversión o activos personales, en línea con prácticas reconocidas en otros países. Esta flexibilidad amplía el espectro de perfiles que pueden acceder a la constancia, sin relajar los criterios de seguridad jurídica. Desde el MIC sostienen que la claridad y la celeridad de los nuevos procedimientos envían una señal positiva al mercado internacional.
En un escenario global donde la competencia por atraer capitales es cada vez más fuerte, Paraguay busca posicionarse como un destino confiable y competitivo en materia de inversión. Analistas consultados coinciden en que la simplificación de trámites es un paso en la dirección correcta.
La burocracia ha sido históricamente una de las principales trabas para los empresarios extranjeros, y reducirla puede marcar la diferencia frente a otros países de la región. La previsibilidad en los tiempos y la reducción de costos administrativos son factores que los inversionistas suelen valorar a la hora de elegir dónde establecerse.
Con este ajuste normativo, Paraguay refuerza su estrategia de apertura hacia el capital foráneo. Al mismo tiempo, mantiene exigencias básicas que aseguran que la inversión se traduzca en desarrollo local. La apuesta es clara: ofrecer reglas claras, procesos ágiles y un entorno de estabilidad que incentive la llegada de proyectos productivos capaces de generar empleo y dinamizar la economía nacional.