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viernes, 6 de diciembre de 2024
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Presentan proyecto de Ley que eleva pena a criptominería ilegal

El senador Ever Villalba presentó en la fecha ante la Cámara de Senadores el proyecto de Ley que eleva a 10 años de cárcel la pena privativa de libertad por robo de energía eléctrica, con el objetivo de reprimir la criptominería ilegal.

Este proyecto de Ley endurece las sanciones contra todo aquel que robe energía eléctrica con fines comerciales presentó el senador Ever Villalba. Buscan que la pena de cárcel se eleve a 10 años por este delito. Esta iniciativa busca reprimir la criptominería ilegal, que provoca enormes pérdidas a la Ande. El mismo también contempla que todos los equipos decomisados sean entregados a la empresa pública.

Por otro lado, la Ande, en los últimos días, intervino dos establecimientos dedicados a la criptominería de manera irregular, que ocasionaban un perjuicio mensual superior a los 1.420 millones de guaraníes a la institución.

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Últimas intervenciones

En Paraguarí se intervino un establecimiento con una facturación mensual de Gs. 860 millones no declarada a la Ande. En tanto que ayer se realizó un operativo en Saltos del Guairá contra un establecimiento similar.

Hugo Rolón, gerente comercial de la Ande, sostuvo que el último caso se trata de un suministro con contrato pero, se constató flagrancia en la manipulación de los equipos de medición. En Paraguarí se detectaron semanas atrás dos granjas de criptominería ilegales que dejaban un perjuicio de Gs. 1.922 millones y Gs. 692 millones por mes, respectivamente.

El gerente de la empresa estatal indicó que en la Ande se cuenta con un equipo especializado para el análisis de los sistemas de distribución para encontrar variaciones significativas en el uso de la energía e identificar este tipo de sitio.

La criptominería

El proceso consiste en la producción de monedas virtuales a partir de la resolución de algoritmos, lo que requiere una enorme capacidad de procesamiento y, por consiguiente, el consumo elevado de energía eléctrica. La Ande ofrece una tarifa especial para esta actividad de consumo intensivo de energía eléctrica.

Por la proliferación de establecimientos ilegales, se presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el Artículo 173 del Código Penal y eleva las penas a la sustracción de energía eléctrica hasta 10 años de cárcel con multa complementaria.

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