De PDVSA a las urnas paraguayas, el mapa que dibuja Hugo “El Pollo” Carvajal: “Venezuela está en guerra contra ustedes”. La frase con la que Carvajal abre su carta a Donald Trump no es solo un mensaje a Washington. Es una advertencia sobre cómo un Estado convertido en aparato narcoterrorista usa drogas, pandillas, espionaje y elecciones como armas.
Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia Militar de Chávez, hoy preso en Nueva York y colaborando con la justicia estadounidense, sostiene que durante al menos 15 años el chavismo financió ilegalmente a partidos y líderes de izquierda en América Latina y Europa con dinero de PDVSA; entre ellos menciona al expresidente paraguayo Fernando Lugo.
De confirmarse, ese flujo de fondos pondría bajo la lupa no solo viejas campañas, sino a toda la estructura política heredera del luguismo. Sectores oficialistas apuntan a referentes actuales –como la senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud de Lugo y hoy principal voz del Frente Guasu– como parte de ese espacio político. La legisladora negó reiteradamente cualquier vínculo económico irregular y, hasta ahora, no existe condena judicial alguna ni se conocen pruebas públicas que la involucren de manera directa.
Lo relevante es el patrón descrito por Carvajal: financiamiento clandestino a aliados políticos en toda la región. En paralelo, describe la creación del Tren de Aragua como “brigada criminal de la revolución”, cuyos miembros fueron liberados o expulsados para operar en otros países. Instagram narcos, bandas y aparatos de inteligencia cubanos y rusos formarían un ecosistema que protege al régimen y extiende su influencia.
La pieza que falta para cerrar el círculo es el sistema electoral. En su carta, el exgeneral sostiene que Smartmatic nació como herramienta digital del chavismo para asegurar el control del poder y que el software puede ser alterado. Sus dichos coinciden con acusaciones formales de fiscales federales de Estados Unidos contra el cofundador de la compañía y otros ejecutivos por sobornos y lavado de dinero ligados a contratos electorales en Filipinas y Venezuela.
¿Cómo se conecta todo esto con Paraguay? A través del Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Smartmatic y Excelsis SA, que se presentó para proveer 28.000 máquinas de votación al TSJE por cerca de USD 93 millones.
Tras la descalificación de sus competidores, quedó como único oferente y la licitación fue suspendida en medio de denuncias de direccionamiento, protestas políticas y advertencias sobre falta de certificaciones y sobre un software que no vendría preinstalado, sino cargado por técnicos locales.
El Congreso presionó para cancelar la compra y exigir un esquema de alquiler “para preservar la confianza pública”. En ese giro, Paraguay Democrático quedó fuera y el nuevo contrato de arrendamiento fue adjudicado al Consorcio Comitia-MSA, viejo proveedor de la Justicia Electoral.
El debate de fondo –qué tan blindado es el voto electrónico– quedó pendiente. Si mañana Smartmatic vuelve a la carrera, sea con el mismo consorcio o mediante nuevas alianzas, Paraguay reproducirá el modelo que describe Carvajal: dinero opaco, estructuras políticas afines –incluida la galaxia luguista que hoy encabeza Esperanza Martínez–, redes criminales regionales y, como broche, el control tecnológico del cómputo electoral.
En ese escenario, cualquier elección administrada por una empresa mencionada en causas de soborno y por un testigo clave del chavismo será percibida como parte de una disputa geopolítica. Oposición u oficialismo derrotados tendrán un pretexto perfecto para desconocer los resultados. La combinación de las revelaciones sobre financiamiento a Lugo, las investigaciones contra Smartmatic y la memoria de otros fraudes regionales alimentará una narrativa constante de “fraude importado”. Nada de esto es inevitable, pero las señales están sobre la mesa. Paraguay necesita un debate serio sobre tecnología electoral, certificaciones, auditoría del código fuente y límites a la influencia de proveedores externos. Y algo aún más simple: que ningún consorcio con la sombra del chavismo, del narcotráfico o de la corrupción global se siente en el centro mismo de la democracia paraguaya, las máquinas donde se cuentan los votos.