El fiscal Luis Piñanez confirmó este martes, la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público tras la filtración de audios que comprometen a la senadora Norma “Yami Nal” Aquino, quien reconoció que uno de ellos era real. La legisladora pidió disculpas y aseguró que sus expresiones se debieron al enojo y a un sentimiento de relego dentro de su bancada.
Ante este escenario, Honor Colorado decidió apartarla junto a Javier “Chaqueñito” Vera, mientras se define la sanción política que ambos recibirán en los próximos días.
El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública y abrió un debate sobre la calidad de la representación política en Paraguay. La admisión de Aquino y las reacciones inmediatas de su partido dejaron en evidencia las tensiones internas dentro del movimiento oficialista, que busca contener el costo político de la crisis.
La Fiscalía analiza autenticidad y posible valor probatorio
Piñanez explicó este martes a la 1020 AM que la causa se encuentra en una etapa inicial de investigación, por lo que la prioridad es verificar la autenticidad de los audios y determinar si constituyen elementos probatorios válidos. Según el fiscal, el Ministerio Público ya comenzó a recopilar actuaciones investigativas con el objetivo de establecer la veracidad del material y su relevancia penal.
El investigador detalló que los audios podrían configurar delitos vinculados a la función pública, como cohecho pasivo, soborno, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, aclaró que las figuras legales pueden modificarse o ampliarse a medida que surjan nuevas pruebas. Piñanez sostuvo que el análisis de la investigación se enfocará en la trazabilidad de las grabaciones y en la verificación de que correspondan a los legisladores implicados.
La oposición pide sanciones más firmes contra Aquino y Vera
Desde la oposición se denunció el caso ante la Fiscalía y se solicitó una investigación exhaustiva. El exsenador Juan Carlos Galaverna declaró en entrevistas radiales que la situación refleja una grave degradación de la representación política y afirmó que las sanciones deben ser más contundentes e inmediatas.
A su vez, la diputada Celeste Amarilla cuestionó públicamente la designación de Piñanez como fiscal del caso y manifestó que solicitarán al fiscal general Emiliano Rolón Fernández su sustitución. Según la legisladora, existe la percepción de que Piñanez “duerme los casos”, lo que generó dudas sobre la celeridad de la pesquisa.
Piñanez responde a las críticas sobre su nombramiento
El fiscal desestimó esas críticas y las calificó de infundadas. En declaraciones radiales, sostuvo que su gestión no se guía por intereses políticos, sino por pruebas concretas que surjan en los expedientes. También aseguró que no tiene inconvenientes en responder a los cuestionamientos, pero reclamó que las acusaciones se formulen con base en casos específicos y no en generalizaciones.
Piñanez señaló que cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar la labor de un funcionario público, aunque remarcó que la investigación se llevará adelante con independencia. Subrayó que el Ministerio Público evaluará todos los elementos disponibles, incluyendo mensajes en redes sociales de la senadora Aquino, algunos de los cuales fueron eliminados pero ya forman parte del expediente a través de capturas de pantalla.
LEA TAMBIÉN: Abren proceso de pérdida de investidura tras audios filtrados
Posibles derivaciones y obstáculos procesales
El fiscal advirtió que el proceso enfrenta limitaciones debido a los fueros parlamentarios, pero no descartó solicitar el acceso a los teléfonos celulares de los legisladores involucrados si la investigación lo requiere. También aclaró que no se descarta ninguna línea de indagación, dado que se desconoce si los audios provienen de conversaciones telefónicas o de reuniones privadas.
Piñanez explicó que la relevancia penal del caso dependerá de los hallazgos técnicos y de los testimonios que se obtengan en el transcurso de la investigación. Indicó que el objetivo es responder a la demanda ciudadana de transparencia y evitar que el caso quede en la impunidad. Según el fiscal, la sociedad espera que se identifique a los responsables y que se apliquen las sanciones correspondientes si se comprueba la comisión de hechos punibles.
Expectativa sobre la definición política y judicial
Mientras la investigación avanza, Honor Colorado enfrenta la presión de decidir sanciones internas que permitan preservar la imagen del movimiento. El apartamiento de Aquino y Vera ya marcó un precedente, pero persisten las dudas sobre si la sanción partidaria será suficiente para restaurar la confianza ciudadana.
En paralelo, la Fiscalía deberá avanzar con la causa y demostrar independencia frente a las críticas de la oposición. La expectativa está puesta en la capacidad de Piñanez de conducir la pesquisa con firmeza y transparencia, en un contexto en que la ciudadanía reclama mayor integridad en el ejercicio de la función pública.
LEA TAMBIÉN: Honor Colorado expulsa de su bancada la senadora Yamy Nal