Luis Gama, asesor en juegos de azar y exdirector de Casinos, Loterías y Quinielas del Estado de Uruguay, analizó la reciente reforma del sector en Paraguay. Subrayó que el fin del monopolio marca un hito histórico, pero advirtió que el éxito de la próxima concesión de la quiniela estará condicionado por la fortaleza del marco regulatorio. También se refirió a la fusión institucional y a los desafíos en materia de transparencia y prevención de la ludopatía.
La reforma de los juegos de azar en Paraguay, reglamentada en 2025, se ha convertido en uno de los cambios más significativos de la región y es seguida de cerca por especialistas internacionales.
En diálogo con La Tribuna, Luis Gama, destacó los avances de la nueva normativa, pero advirtió que el marco regulatorio será clave para garantizar el éxito de la concesión de la quiniela, cuya licitación está próxima a lanzarse.
La fusión entre Conajzar y DNIT
Luis Gama advirtió que este cambio debe analizarse con cautela desde una perspectiva regulatoria y técnica. Señaló que, aunque la medida busca mejorar la fiscalización y aumentar la recaudación, podría poner en riesgo la autonomía, la independencia técnica y la visión integral del sector del juego en Paraguay.
El problema central es que la Conajzar, hasta ahora un ente especializado en regulación, pasa a depender de una institución esencialmente tributaria, cuya misión es maximizar ingresos y combatir la evasión.
Esta orientación contable-financiera reduce al juego de azar a una simple fuente de recaudación, perdiendo de vista que se trata de una industria compleja que involucra la protección del consumidor, la prevención de adicciones, la innovación tecnológica, regulación de competencia comercial y mecanismos de control ético.
La subordinación a un organismo recaudador debilita seriamente la autonomía técnica que necesita una entidad reguladora para tomar decisiones basadas en criterios regulatorios y no solo en objetivos fiscales. En la práctica, esto podría desplazar prioridades como la lucha contra el juego ilegal o la defensa del interés público, hacia el simple aumento de ingresos para el fisco, que prioricen volumen de juego antes que la responsabilidad social.
A su criterio, genera desequilibrio institucional, al responder a una lógica tributaria, la capacidad para generar políticas públicas específicas, establecer normativas integrales y ejercer una supervisión independiente se ve limitada. Esto abre puertas a las decisiones apresuradas o mal diseñadas, bajo la presión de objetivos recaudatorios, sin considerar los impactos sociales, tecnológicos o de competencia del sector.
Según Gama, el estado corre el riesgo de dejar de entender al juego como una industria regulada, con obligaciones y derechos diversos, para tratarlo como un tributo más.
En consecuencia, esta medida podría terminar debilitándola, al colocar la supervisión del juego en una estructura cuya lógica no es técnica ni sectorial, sino puramente fiscal.
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Fin del monopolio y nuevos operadores de la quiniela
Otro aspecto que marca un hito en la regulación del sector es el fin del monopolio de los juegos de azar. Esto implica que la concesión de la quiniela y de las apuestas deportivas ya no recaerá en una sola empresa, sino en tres. El argumento oficial es promover la competencia.
Según Gama, esto representa un cambio estructural de los principales juegos de azar, bien implementado, puede ser positivo tanto para el Estado como para los apostadores. El argumento de promover la competencia no solo es válido, sino necesario, siempre que se entienda que el rol del Estado es regular el mercado, no administrarlo.
El sector del juego no es estático, explicó, evoluciona rápidamente en función de la tecnología, las tendencias de consumo y la globalización de las plataformas. Por eso, el Estado tiene la obligación de adaptar la oferta a la demanda real y eso implica abandonar esquemas restrictivos o monopólicos que ya no responden a la realidad del mercado.
La autorización de múltiples operadores fomenta la competencia, lo que se traduce en mejores cuotas, mayor diversidad de productos, incentivos responsables y canales legales más accesibles para el apostador. En cambio, en un régimen monopólico, muchos usuarios migran hacia el juego ilegal o no autorizado, lo que erosiona la recaudación y aumenta riesgos sociales como la ludopatía.
Dicho esto, el éxito del modelo dependerá del marco normativo y de la capacidad del Estado para regularlo. La apertura debe acompañarse de licitaciones transparentes, controles efectivos y políticas de juego responsable. No basta con repartir concesiones: se requiere una arquitectura institucional que sostenga la competencia como motor de mejora continua y no como una liberalización sin rumbo.
Desafíos en ludopatía y juego responsable
En cuanto al tema de las adicciones, y en particular de la ludopatía, cree que está poco desarrollado en la ley. Anteriormente, existía el Decreto N° 3083/2015, que autorizaba a la Conajzar a establecer políticas de juego responsable, expresó. Era un marco más específico, pero que quedó sin efecto con la nueva normativa.
El abordaje de este tema no lo ve contemplado en la presente ley, entiende que todo esfuerzo a veces resulta insuficiente para la magnitud e impacto del problema.
En ese sentido, es recomendable legislar de manera clara y crear una oficina técnica especializada en el control del juego ilegal y en la prevención de adicciones. Esto permitiría combinar fiscalización, monitoreo y desarrollo de políticas preventivas desde un enfoque integral y sostenido en el tiempo.
Transparencia y licitaciones del sector
Gama explica que cuando el proceso licitatorio se aplica con total imparcialidad, el mecanismo es más transparente para la asignación de licencias, ya que garantiza igualdad de oportunidades y evita discrecionalidad.
Para que esta transparencia sea efectiva, es fundamental que los pliegos licitatorios contemplen no solo aspectos técnicos rigurosos, sino también definiciones claras en materia de políticas de juego responsable, así como criterios estrictos para la evaluación y categorización de las empresas interesadas.
Un proceso estructurado y transparente genera confianza, fomenta la participación y mejora la competencia, lo que beneficia a todo el sistema y a la sociedad.
En esta línea se ha convocado a distintos actores de la industria a los efectos de generar insumos, discutir y resolver las distintas problemáticas que afectan al sector. Es una forma de trabajo que comparto.
Inversiones y estabilidad en el nuevo mercado
Luis Gama señaló que un punto crítico de la reforma es el plazo provisorio de explotación fijado en tres años. Considera que es demasiado corto, sobre todo para empresas que ingresan por primera vez al mercado y deben afrontar inversiones iniciales y procesos de adaptación.
Según explicó, este esquema desalienta a nuevos actores y genera inestabilidad, ya que al finalizar el período no hay renovación automática, lo que compromete la previsibilidad del negocio, desincentiva inversiones a largo plazo y puede ir en contra del objetivo de fomentar un mercado competitivo y transparente. Por ello, destacó la necesidad de revisar este punto y buscar esquemas que equilibren control estatal y estabilidad mínima para los operadores.
Gama reconoció que la ley representa un avance en la regulación del juego en Paraguay. Subrayó que, dada la naturaleza dinámica de la industria, es indispensable evaluar continuamente el marco normativo y actualizarlo para adaptarlo a los cambios tecnológicos, sociales y comerciales, garantizando un equilibrio entre desarrollo, control y protección de los usuarios.
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