La Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidió este miércoles un equilibrio entre la intervención de una empresa de minimercado y la protección de derechos del consumidor. El gremio de los industriales criticó la desproporción de la sanción aplicada a Biggie, por la supuesta venta de productos vencidos.
"La Unión Industrial Paraguaya (UIP) alienta y sostiene que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo. Los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia", señala el comunidado.
El martes 12 de agosto, la SEDECO y la DINAVISA ordenaron el cierre del minimercado, abierto durante 24 horas, por el hecho de que habían verificado la existencia de productos vencidos en 12 locales.
La UIP, a través de un comunicado divulgado este miércoles, reclamó que se debe cuidar la proporcionalidad de una sanción, se debe cuidar el derecho al empleo y la protección de los derechos del consumidor.
No obstante, la UIP señaló que es importante la fiscalización de los comercios y que legalmente eso corresponde. Sin embargo, sostiene que la norma debe ser aplicada en forma proporcional y que se debe cuidar los extremos, considerando la sostenibilidad empresarial.
"Las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores. Al mismo tiempo, es necesario que contemplen el impacto económico y social que puedan generar medidas desproporcionadas y la información y comunicación pública sobre estos procesos debe manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general", señala otra parte del comunicado.
La UIP también instó a evitar efectos irreversibles de la intervención en la cadena de valor de los productos. Pidió evaluar las medidas desproporcionadas para evitar consecuencias negativas para el sector del comercio.
"Por ello, la UIP alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo", concluye el comunicado.
