El senador Ever Villalba presentó un proyecto de declaración que insta al Ministerio Público a investigar los presuntos malos manejos en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), tras un informe de Contraloría que revela la pérdida de cerca de 58 millones de dólares por medicamentos vencidos, entregas irregulares y compras sin planificación.
LEA MÁS: Senado pospone tratamiento de proyecto que busca financiamiento adicional para el INCAN
Senador Ever Villalba impulsa acción penal
El senador Ever Villalba anunció este lunes la presentación de un proyecto de declaración ante la Cámara de Senadores que solicita al Ministerio Público abrir una investigación penal contra los responsables de las graves irregularidades detectadas en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).
Según denunció, se habrían perdido cerca de 58 millones de dólares en medicamentos oncológicos adquiridos sin previsión y entregados de forma irregular a prestadores privados y públicos fuera del sistema de salud.
Contraloría detecta millonarias pérdidas y entregas sin control
El informe de la Contraloría General de la República, que motivó la reacción legislativa, revela que entre 2022 y 2024 el INCAN compró medicamentos oncológicos sin contar con mecanismos de planificación ni registros de pacientes que justifiquen el volumen adquirido.
El valor estimado de los medicamentos vencidos supera los G. 5.497 millones.
Además, se detectaron entregas de fármacos a instituciones como el IPS y varios sanatorios privados, sin autorización, documentación respaldatoria ni reposición de los insumos, lo que generó una pérdida patrimonial en el sistema de salud pública.
El informe de Contraloría incluye un listado con 37 medicamentos oncológicos vencidos entre 2019 y 2024, con alto valor económico y riesgo sanitario. Algunos de los principales fármacos identificados en medios incluyen:
- Sotorasib 120 mg – Comprimidos vencidos en mayo de 2024.
- Durvalumab – Frascos vencidos en septiembre de 2023.
- Ipilimumab 50 mg – Vencido en enero de 2023.
- Ramucirumab 500 mg – Vencido en noviembre de 2020.
- Nilotinib 150 mg – Vencido en noviembre de 2019.
- Ziv-aflibercept – Incluido en donaciones vencidas.
- Pembrolizumab – Mencionado entre medicamentos no redistribuidos.
- Palbociclib – Incluido en la lista de vencidos con alto costo.
- Bevacizumab – Utilizado para tumores sólidos, presente entre los vencidos.
El informe también documenta que parte de estos medicamentos se entregaron sin autorización legal a instituciones privadas. Ninguna de estas entregas fue respaldada por resoluciones ni fue objeto de reposición.
LEA ADEMÁS: Así buscan asignar millonario monto a oncológicos del INCAN
Entre 2019 y 2023, el Ministerio de Salud Pública del Paraguay estuvo liderado por tres autoridades. El Dr. Julio Mazzoleni asumió el cargo en agosto de 2018 y condujo la cartera durante la pandemia del covid-19 hasta su renuncia en marzo de 2021.
Lo sucedió el Dr. Julio Borba, quien permaneció en funciones hasta el 15 de agosto de 2023. Ese día, la Dra. María Teresa Barán Wasilchuk juró como nueva ministra de Salud, cargo que ocupa actualmente.
Fallas administrativas y falta de control interno
Otro de los hallazgos del informe es que el INCAN no cuenta con un registro nacional de pacientes oncológicos, lo que dificulta planificar las compras.
Tampoco se implementaron mecanismos para redireccionar los medicamentos adquiridos por amparos judiciales cuando los beneficiarios fallecieron.
Además, no se realizaron canjes ni redistribuciones a tiempo, lo que llevó a la acumulación de fármacos próximos a vencer en los depósitos del INCAN. Según el informe, los medicamentos vencieron sin ser utilizados ni registrados para recuperación patrimonial.
El proyecto de busca sancionar a los "responsables"
El senador Villalba solicitó que la Fiscalía actúe con base en el informe de Contraloría y se identifique a los responsables políticos y administrativos.
“No se puede hablar de eficiencia ni transparencia cuando las personas mueren esperando una quimioterapia mientras los medicamentos se vencen por negligencia”, expresó.
El proyecto será tratado en la próxima sesión del Senado y mencionó que cuenta con apoyo de varias bancadas. La Contraloría ya remitió el informe al Ministerio de Salud, a la Secretaría Nacional Anticorrupción y al Ministerio Público.
LEA TAMBIÉN: Aumentan reclamos de medicamentos por orden judicial tanto en IPS como en INCAN