Paraguay, Argentina y Brasil fortalecen su sistema de inteligencia penitenciaria

Paraguay, Argentina y Brasil fortalecen su sistema de inteligencia penitenciaria. Para el efecto, hubo una reunión en Foz de Iguazú, Brasil, donde participaron representantes de los tres países.

| Por Adolfino Aquino
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Penitenciaría de Tacumbu

Teniendo en cuenta el crecimiento del crimen organizado, es una necesidad de que los países se unan para trabajar sobre una inteligencia penitenciaria de alto nivel. El intercambio entre los países es clave, hoy más que nunca, según las conclusiones.

El encuentro se denominó II Workshop de Inteligencia Penitenciaria de la Triple Frontera, realizado en el Salón Auditorio César Lattes de Itaipú Binacional, lado brasileño.

El encuentro reunió a autoridades penitenciarias, especialistas en seguridad, investigadores y representantes de Paraguay, Brasil y Argentina, con el objetivo de construir una estrategia común frente al crimen organizado transnacional.

En representación de Paraguay, el director de Política Criminal, Luis Riart, presentó los avances del modelo nacional de Inteligencia Penitenciaria, destacando el trabajo técnico y humano que se viene desarrollando en los centros penitenciarios del país.

Paraguay, Argentina y Brasil fortalecen: intercambio constante

Es uno de los expositores que enfatizó que la inteligencia penitenciaria no puede desarrollarse de manera aislada, sino que requiere de una articulación constante entre países vecinos.

El Ministerio de Justicia (MJ) informó que la cooperación entre Paraguay, Brasil y Argentina se presenta como una herramienta clave para construir una política criminal moderna, resiliente y respetuosa de los derechos humanos.

Las dinámicas del crimen organizado

Los centros penitenciarios no son solo espacios de reclusión, sino también puntos clave para comprender y enfrentar las dinámicas del crimen organizado, dice el informe.

El encuentro también sirvió para fortalecer la cooperación regional, entendida no solo como una herramienta operativa, sino como un principio ético que guía una política criminal moderna, resiliente y sostenible, señaló el MJ.

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