El Senado instaló la Comisión Especial de Investigación que revisará las denuncias contra empresas telefónicas y de internet que operan licenciadas en el país. El senador Dionisio Amarilla asumió la presidencia, mientras que la senadora Lilian Samaniego fue designada vicepresidenta y el senador Patrick Kemper como relator.
La comisión surge de la Resolución 502, que modificó la designación anterior y estableció la participación de once legisladores. Este grupo tendrá la tarea de recibir y analizar reclamos por cobros indebidos, cambios unilaterales en fechas de facturación y bloqueos de equipos en comodato, entre otras prácticas denunciadas.
Plan de trabajo y sesiones semanales
Amarilla informó que la comisión sesionará todos los jueves a las 9:00 de manera presencial y virtual. Además, se habilitarán oficinas regionales en distintos puntos del país para recibir denuncias. El objetivo es facilitar el acceso a los usuarios y evitar que los reclamos queden sin respuesta.
El plan incluye audiencias públicas para escuchar a los afectados y generar espacios de diálogo con las empresas proveedoras. “Queremos un proceso claro y con soluciones que beneficien tanto a los clientes como a las prestadoras”, remarcó el legislador.
Reclamos frecuentes de usuarios de las telefónicas
Las denuncias más comunes apuntan a la dificultad para cancelar líneas telefónicas, modificaciones sin aviso en las fechas de pago y vencimiento anticipado de saldos y paquetes. También se mencionan cobros posteriores a la cancelación de servicios.
Otro punto señalado es que los teléfonos entregados en comodato no se desbloquean automáticamente una vez cumplidos los plazos de contrato, lo que genera quejas de los usuarios. Amarilla sostuvo que estas situaciones “requieren control legislativo para garantizar el respeto a los consumidores”.
Plazo y próximos pasos de la comisión
La comisión trabajará durante 180 días como máximo. En ese tiempo recibirá casos, analizará pruebas y presentará informes que podrían derivar en medidas legales o administrativas.
El objetivo es proteger los derechos de los usuarios y mejorar la transparencia en los servicios de telecomunicaciones, concluyó el legislador.
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