La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, dictaminó la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, con cinco votos a favor y dos en contra, además de dos ausencias justificadas.
Así lo informó el diputado Alejandro Aguilera, presidente de la instancia parlamentaria, quien afirmó que existen indicios relevantes de irregularidades administrativas que justifican la solicitud de intervención del municipio esteño.
Faltante de documentos determinó la intervención
Durante la sesión de la comisión, Aguilera explicó que el principal argumento que respaldó el dictamen favorable fue la ausencia de documentos que justificaran un monto de 42.000 millones de guaraníes, hecho que la Contraloría General de la República confirmó.
Según el legislador, esta situación constituye una irregularidad grave que no puede pasar desapercibida. La comisión volvió a solicitar a la Contraloría un pronunciamiento sobre la supuesta entrega de documentos por parte del intendente Miguel Prieto, y esta respondió que él presentó menos del 10 % de los documentos requeridos.
Comisión no realizó visita a la ciudad y evita “show mediático”
Al consultar a Aguilera sobre la decisión de no realizar una visita de campo a Ciudad del Este, él afirmó que la comisión decidió no participar en montajes mediáticos ni en actos organizados por el municipio.
Afirmó que se consideró suficiente la información obtenida a través de las audiencias mantenidas con el contralor y con el propio intendente, así como los documentos remitidos oficialmente.
La comisión estaba habilitada legalmente para trabajar por un máximo de 15 días, pero sus miembros consideraron que no era necesario agotar el plazo, ya que las pruebas eran contundentes, sostuvo Aguilera.
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La decisión final queda en manos del plenario de Diputados
El dictamen aprobado con mayoría de votos colorados —Alejandro Aguilera, Avelino Dávalos, Hugo Mesa, Arturo Urbieta y Jorge Barresi— será remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora corresponde al plenario analizar el pedido y tomar una resolución. Votaron en contra los diputados Walter García y Cleto Giménez, mientras que dos legisladores se ausentaron por compromisos con el Parlasur.
En caso de aprobarse la intervención, la Cámara designará a un interventor o interventora, quien tendrá entre 60 y 90 días para elaborar un informe final sobre la gestión municipal. Posteriormente, el Parlamento recibirá ese informe y decidirá si corresponde destituir o absolver al intendente Miguel Prieto.
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