El Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Fernando de la Mora dictó el sobreseimiento provisional de un padre investigado por presunto abuso sexual contra su hijo menor. El victimario sería descendiente de una familia con vínculos directos con figuras del Poder Ejecutivo y la intendencia local.
La resolución, emitida el 23 de mayo y solicitada por el fiscal Rolando Rivas y la fiscal adjunta Gilda Villalba, quienes alegaron que aún deben realizarse diligencias clave antes de llevar el caso a juicio oral.
La decisión judicial y sus fundamentos
El Auto Interlocutorio sobre el caso, dictado tras la audiencia preliminar, establece que los elementos de convicción actuales son insuficientes para proceder al juicio oral. Entre las diligencias pendientes, el Ministerio Público solicitó declaraciones testimoniales, ampliatorias, evaluaciones socioambientales del entorno de la víctima, y estudios psicológicos y psiquiátricos del imputado.
Además, se pidió información sobre denuncias previas relacionadas con el caso y antecedentes judiciales sobre el régimen de relacionamiento entre el padre y la madre.
Críticas de la querella al Ministerio Público por el sobreseimiento
La familia de la víctima, representada por el abogado Luis Fernando Ayala, expresó su disconformidad con la decisión. La querella sostiene que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para formular una acusación y elevar el caso a juicio.
La querella cuestionó la insistencia del Ministerio Público en solicitar nuevas diligencias, como un segundo informe sobre el testimonio del menor en Cámara Gesell, lo cual fue considerado inviable por el psicólogo Juan Vicente Ruiz debido al tiempo transcurrido. También anunció que denunciará ante las instancias correspondientes cualquier irregularidad en la actuación fiscal.
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Reacciones y próximos pasos
La defensa del imputado, a cargo de los abogados Eduardo Royg y Federico Hetter, respaldó el sobreseimiento provisional, argumentando que las diligencias solicitadas son viables y necesarias para esclarecer los hechos.
El fallo también ordenó el levantamiento de la prisión preventiva del imputado, lo que generó malestar en la familia de la presunta víctima. El caso, vinculado a allegados de ex autoridades políticas, reabre el debate sobre el tratamiento judicial en denuncias de abuso sexual infantil.
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