El epicentro de la reunión fue la promulgación de la nueva ley de arbitraje, sancionada en septiembre pasado en la Cámara de Diputados. Dicha norma tiene como objeto fortalecer la independencia de los árbitros, garantizar seguridad jurídica a las partes y optimizar la relación con el Poder Judicial, facilitando la ejecución de los laudos y la cooperación institucional.
La nueva ley apunta a ampliar la autonomía del arbitraje y limitar la injerencia del Poder Judicial en controversias de carácter patrimonial. En ese marco, se introduce el denominado “arbitraje sucesorio”, que permitiría a los herederos resolver disputas por esta vía, ya que elimina las restricciones que implican la intervención del Ministerio Público.
El marco legal aprobado determina qué tipos de conflictos pueden someterse a arbitraje y cuáles deben ser resueltos por las instancias judiciales o por el Tribunal de Cuentas, especialmente en casos que involucren al Estado y a contratistas o concesionarios.
Desde el Gobierno señalaron que la normativa regula aspectos vinculados a la ejecución de medidas cautelares, la producción de pruebas y la ejecución de laudos arbitrales, estableciendo mecanismos de cooperación entre árbitros y el Poder Judicial.