Familiares, amigos y pobladores del municipio de Nueva Asunción se movilizaron de manera pacífica para exigir el esclarecimiento de la muerte de Sara Elizabeth Prieto, una joven de 19 años hallada sin vida en el sanitario de la vivienda que compartía con su pareja, identificada como Carlos Walter Mencía.
La indignación ciudadana se intensificó tras la pronta liberación de Mencía, señalado por la familia de la víctima como el principal sospechoso del hecho, e investigación que inicialmente estaría siendo tipificada por el Ministerio Público como un supuesto suicidio.
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Denuncia de agresiones previas y amenazas de muerte
Los padres de la víctima sostienen que la joven era sometida de forma reiterada a episodios de violencia física y encierro sistemático desde hacía dos meses, fecha en que comenzó a convivir con el procesado. Según el testimonio materno, horas antes del desenlace Sara logró relatar el calvario que padecía.
Asimismo, los denunciantes manifestaron que entregaron a la Fiscalía capturas de pantalla, mensajes de texto y grabaciones de audio que documentarían los maltratos continuos, las marcas corporales de las agresiones y las amenazas dirigidas al núcleo familiar.
“Hace dos meses que vivía con él y me decía: ‘Mamá, no puedo ir porque me encierra y me ahorca’. Yo le dije para hacer la denuncia, pero al día siguiente ya pasó esto. Tenemos todas las pruebas de los maltratos, los moretones, las marcas. A mí me amenazaba, decía que nos iba a matar a mí y a su papá”, expresó conmocionada la madre de la víctima.
Cuestionan presunta injerencia política
La indignación de los manifestantes se agudizó tras la divulgación de fotografías en redes sociales donde se observa al concejal municipal Juan Gaona junto a Carlos Walter Mencía, momentos después de que este recuperara la libertad. Para los familiares, la imagen constituye un claro indicio de injerencia o respaldo político a favor del sospechoso.
Ante esta situación, los allegados instaron a la Fiscalía a agotar todas las diligencias periciales y forenses necesarias, evitando el archivo apresurado del expediente y garantizando una investigación objetiva bajo los protocolos de feminicidio.