Una mujer de 82 años permanece internada en terapia y requiere una compleja reconstrucción pélvica tras residir dos meses en el establecimiento. Familiares exigen que el geriátrico cubra los gastos médicos y la Fiscalía investigue el caso.
El Hogar de Ancianos San José, ubicado en la ciudad de Luque, enfrenta un nuevo escándalo judicial y mediático. En esta ocasión, familiares de una mujer de 82 años formalizaron una denuncia por negligencia médica y presunto abandono de persona, luego de retirar a la adulta mayor del recinto en condiciones de salud sumamente críticas.
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La víctima había ingresado al establecimiento semanas atrás para recibir cuidados especializados. Sin embargo, su estado general se deterioró de forma drástica, lo que obligó a sus allegados a trasladarla de urgencia a un centro asistencial el pasado 24 de septiembre.
Diagnóstico crítico en el Hospital Geriátrico del IPS
Tras retirarla del hogar, la paciente ingresó al Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social (IPS), donde el equipo médico constató un cuadro clínico de extrema gravedad: deshidratación severa, neumonía por broncoaspiración, infección urinaria y una úlcera con lesiones profundas en la zona genital.
Sicilia Quintana, hija de la víctima, relató la situación con la que se encontraron los profesionales de blanco al evaluarla:
“En el Hospital Geriátrico del IPS constataron que mi madre tenía una infección urinaria y neumonía de broncoaspiración. Cuando le abrieron el pañal, mi mamá gritó de dolor. Tenía escaras abiertas, supura un líquido nauseabundo; sus partes íntimas nunca fueron higienizadas adecuadamente. Le tiraban agua por fuera, pero jamás le realizaron una limpieza profunda”, denunció.
Sospechas de sedación y exigencia de reparación
Debido a la magnitud del daño en el tejido y la falta de aseo prolongada, los médicos indicaron que la mujer debe ser sometida a una intervención quirúrgica reconstructiva de la zona pélvica, procedimiento de alto riesgo dada su avanzada edad.
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Quintana también manifestó sospechas de que su madre era sedada sin autorización ni control médico riguroso dentro del asilo, lo que le habría impedido alimentarse por sí misma, moverse o solicitar auxilio ante los dolores que padecía.
La familia exige la intervención del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales de los administradores y cuidadores del Hogar San José. Al mismo tiempo, reclaman que la institución asuma la totalidad de los costos quirúrgicos y de internación, teniendo en cuenta el oneroso tratamiento que requiere la octogenaria para salvar su vida.


