Detrás de las paredes de una vivienda ubicada en la comunidad de Kumandakái, distrito de Katueté, a unos 100 metros de la Ruta PY03, se vivía una relación marcada por las peleas constantes; Carla Burati, de 38 años, y su pareja, Alexandre Spindler Ferreira, de 31, discutían con frecuencia, según detalles obtenidos por la policía, aunque ninguno de los dos llegó a denunciar al otro ante la comisaría zonal. De acuerdo a las investigaciones, Carla fue asesinada con un cuchillo de los conocidos como Tramontina, y el cuerpo fue envuelto en sábanas y dejado sobre la cama.
Después, llegó el mensaje desde el celular de Carla, su madre, Ires Clasir Konrad, de 61 años, recibió un texto escrito en portugués; “Rompé la puerta, porque maté a tu hija; estoy muy arrepentido por lo que hice y por eso tengo que pagar”.
Desesperada, la mujer salió hacia la casa de su hija, al entrar llamó a Carla a los gritos, pero nadie respondió, sin dudarlo, se dirigió directamente a la habitación y sobre una cama tipo somier encontró lo que parecía ser el cuerpo de una persona envuelta en sábanas, manchadas con sangre.
Este hecho se registró este lunes 12 de octubre, alrededor de las 13 horas y se presume que el autor del nuevo caso de feminicidio sería Alexandre Spindler Ferreira, de 31 años ya que actualmente se encuentra desaparecido y la Policía lo busca intensamente.
Conversando con el comisario Jorge Vidallet, jefe de investigaciones del departamento de Canindeyú, confirmó a La Tribuna que los técnicos realizaron el rastreo del teléfono perteneciente a la víctima fatal, del cual se envió el mensaje a la madre y, mencionó que la última ubicación del aparato electrónico fue en la localidad llamada La Paloma del Espíritu Santo, distante a unos 46 km, del lugar del hecho.
El jefe policial confirmó que los investigadores se encuentran trabajando intensamente para dar con el paradero del presunto autor, Alexandre Spindler Ferreira, señaló además que, según los datos obtenidos durante la pesquisa, la relación entre Carla Burati y su pareja estaba marcada por la violencia constante, aunque ninguno de los dos llegó a denunciar al otro ante las autoridades.
Investigan otro intento de presunto feminicidio
El 29 de septiembre, una mujer, cuya identidad fue protegida, se movilizaba de su trabajo en su motocicleta camino a Villeta y a unos 50 metros de su casa, según la investigación fiscal, un hombre había tendido un alambre de púa entre dos árboles para hacerla caer, cuando la joven cayó al suelo, se le abalanzó y la atacó con un arma blanca, le asestó siete puñaladas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue llevada en estado grave y quedó internada en la unidad de terapia intensiva, como no podía hablar por la gravedad de sus heridas, sus familiares denunciaron en un primer momento que había sido víctima de un asalto, con el supuesto robo de su celular.
Este caso dio un giro cuando la joven se recuperó y al declarar, confirmó quién la había atacado y relató cómo ocurrió todo, así lo explicó la fiscal interviniente, Viviana Llano, en el programa Espresso Informativo de la 650 AM, la causa pasó a ser investigada como intento de feminicidio y las autoridades se encuentra buscando al presunto responsable que ahora se encuentra desaparecido.
Burocracia para la protección de mujeres víctimas
La muerte de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia en Paraguay. A cinco días del feminicidio que conmocionó a la ciudad de Lambaré, la Corte Suprema de Justicia decidió convocar a la jueza de Paz interina Lidia Mariana Fariña Sanabria para que explique las actuaciones realizadas en la denuncia que la joven había presentado contra su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años.
La determinación fue adoptada durante la sesión plenaria de este martes 13 de octubre, a propuesta del ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, quien ya había dispuesto una auditoría de reacción inmediata para revisar el expediente.
Uno de los aspectos que encendió las alarmas fue el tiempo transcurrido entre la advertencia de la víctima sobre el incumplimiento de las medidas de protección y la comunicación dirigida al Ministerio Público para investigar al denunciado por un posible hecho de desacato. A esto se suma que, según los datos preliminares expuestos ante la Corte, no existe constancia de que el oficio judicial haya sido efectivamente diligenciado ante la Fiscalía.
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