Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Fue asistido por el defensor público Fermín Bogado.
Quedó detenido a disposición de la Fiscalía, que investiga el hecho como feminicidio y homicidio doloso bajo la dirección de la fiscal Amelia Bernal, la misma agente que había encabezado el allanamiento en la vivienda del sospechoso en J. Augusto Saldívar, donde primeramente no lo hallaron, aunque se incautaron de dos teléfonos celulares y su cédula de identidad.
Tras la captura del hombre en la noche del viernes en la localidad de Naranjaisy, Villeta, la fiscala ordenó que el detenido fuera puesto a disposición del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, mientras esperaba la decisión del juez sobre el caso.
Anoche el juez penal de Garantías, Juan Oviedo, ordenó la prisión preventiva de Duarte Moreira y remitió al mismo al Centro Nacional de Prevenidos (ex cárcel de Tacumbú).
Denuncia previa antes del crimen
El 18 de septiembre, Deisy Paola Giménez Segovia se presentó ante las autoridades para denunciar por violencia familiar a su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26. Según esa denuncia, ella relató que él había intentado estrangularla y le había roto el celular, la jueza de Paz de J. Augusto Saldívar, Lidia Fariña, dispuso una orden de alejamiento en contra del hombre.
La medida no alcanzó y en la noche del jueves pasado, en Lambaré, departamento Central, Deisy recibió dos disparos en la cabeza y murió, las sospechas apuntaron de inmediato a su expareja, el mismo hombre que ella había denunciado semanas antes.
Una testigo que presenció parte de lo ocurrido contó los últimos minutos de vida de la joven y dijo haber quedado en estado de shock.
Tras el crimen, el hombre desapareció, los investigadores ingresaron a su vivienda, pero no lo encontraron, y comenzó una búsqueda intensa de su persona como principal sospechoso del presunto feminicidio.
La búsqueda terminó en la noche del viernes, cuando agentes de la Comisaría 20ª, Central, fueron hasta Villeta, donde finalmente el sospechoso decidió entregarse a la Policía.
Durante el traslado desde Villeta a J. Augusto Saldívar, el detenido habló, según el subcomisario Mario Gamarra. El mismo aseguró que solo quería conversar con la joven, añadió que efectuó un primer disparo para intimidarla y que se asustó cuando ella empezó a gritar, porque tenía prohibido acercarse, afirmó además que, cuando la víctima volvió a pedir auxilio, “su mente se anuló” y siguió disparando. El uniformado reconoció que el hombre admitió haber disparado y en su análisis, prefirió matarla antes que ser descubierto violando la orden de alejamiento.
Orden de alejamiento
Luego de la denuncia presentada el 17 de septiembre, en la Comisaría 32ª, de Posta Ybycuá, al día siguiente, la Oficina de Atención Permanente le otorgó una medida de protección; el hombre debía mantenerse a 500 metros de ella y tenía prohibido contactarla por cualquier vía.
La orden quedó en el papel, ya que según la jueza de Paz de J. Augusto Saldívar, Lidia Fariña, Aldo Duarte incumplió las restricciones y siguió acosándola, lo que derivó en una causa por desacato.
Deisy ratificó sus denuncias en una audiencia, acompañada de su abogada, su madre y su hermana menor. Duarte negó todo, pidió copias del expediente y amenazó con querellar a la madre de la joven por falso testimonio.
El 7 de octubre el caso fue comunicado a la Fiscalía para que se investigara el desacato y se ordenara la detención del hombre. Al día siguiente, en la noche del jueves, Duarte la interceptó en plena vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré cuando ella iba camino a su trabajo y la asesinó.
El caso abrió un fuerte cuestionamiento al sistema de protección y la Circunscripción Judicial de Central ordenó una auditoría inmediata sobre todo el trámite de la denuncia y de la orden de restricción, el informe será elevado a la Corte Suprema de Justicia, sin plazos definidos.
Lo llamativo fue que pese a la gravedad de lo denunciado, que hasta pudo ser una tentativa de feminicidio, no se contempló siquiera la posibilidad del uso de la tobillera electrónica, para que la orden de restricción sea efectiva.