El 01 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo sacudió a toda la corporación policial al firmar 86 decretos que dejan fuera de la institución a numerosos efectivos policiales, en una de las depuraciones más grandes de los últimos años, la decisión presidencial no respondió a un solo motivo, sino a dos frentes que venían acumulándose desde hace tiempo dentro de la Policía Nacional.
Por un lado, el presidente de la República, Santiago Peña, avaló la expulsión de 44 agentes que arrastraban sumarios por faltas graves y muy graves, se trata de uniformados que, con el correr de los años, quedaron señalados por la Justicia o por sus propias investigaciones internas, por hechos de sangre, vínculos con el narcotráfico, participación en robos, extorsiones y otros delitos que terminaron minando la confianza en la fuerza.
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A esto se sumaron casos de abandono de funciones, con policías que registraban ausencias injustificadas de entre cinco y quince días, además de la expulsión de varios cadetes de institutos de formación, alcanzados por faltas de conducta y vínculos con drogas.
Por otro lado, el propio decreto presidencial dejó constancia de una segunda causa, muy distinta a la anterior, el retiro voluntario de 42 efectivos, entre comisarios, suboficiales superiores y personal de sanidad, que optaron por desvincularse de la institución, esta salida masiva no tiene que ver con sanciones, sino con el clima de incertidumbre generado por la reforma de la caja fiscal, que llevó a numerosos uniformados con años de servicio a asegurar sus beneficios antes de que entren en vigencia nuevas exigencias para permanecer en la Policía.
De esta manera, el Gobierno intentó limpiar la imagen de la institución expulsando a quienes la habían manchado con delitos y corrupción, y al mismo tiempo dar curso a una ola de pedidos de retiro que la propia reforma previsional terminó acelerando.