Todo comenzó pasado el mediodía del jueves 14 de agosto, cuando agentes especiales de la Senad y personal de apoyo del CODI desembarcaron en la zona rural conocida como Americana, en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, para ejecutar la denominada Operación Redención.
A las 14:00 horas, en plena vía pública, los uniformados interceptaron a un hombre para un control de rutina, era Bruno López Ortiz, esta inspección arrojó un hallazgo que cambió por completo el curso de la jornada, el sujeto llevaba encima un subfusil semiautomático cargado, según confirmó la Senad.
A las 14:30, en un camino vecinal de la misma zona, los agentes divisaron un Toyota Allion blanco, dentro viajaban integrantes de la misma estructura que los agentes antinarcóticos venían siguiendo de cerca, en cuanto se produjo el cruce, los hombres del automóvil abrieron fuego contra los uniformaos, de acuerdo a lo informado por la institución. Entonces, se desató un violento intercambio de disparos en medio del monte, dos cuerpos quedaron tendidos junto al vehículo, los de Antonio Carrillo Mancuello y Catalino Ramón Correa Acevedo, junto a ellos, los investigadores incautaron dos fusiles calibre 7.62, las mismas armas con las que habían respondido al fuego de los uniformados.
Durante el tiroteo, uno de los comandos de las Fuerzas Especiales de la Senad recibió un impacto de bala directo en el pecho, sin embargo, el chaleco absorbió el disparo y el agente salió ileso.
En el marco de este operativo, desde el ministerio del Interior, los implicados preliminarmente podrían pertenecer a comunidades indígenas ya que uno de los apellidos estaría vinculado al exlíder indígena Derlis López —a quien las autoridades acusan de haber sido “instrumentado por el crimen organizado”.
A esto, la comunidad indígena de la zona, Tekoa Y’apo respondió a través de un comunicado afirmando que fueron atropellados por la fuerza del orden.
“Hemos sido víctimas de un atropello por parte de miembros de las fuerzas públicas, quienes fuertemente armados ingresaron a nuestra comunidad sin contar con orden judicial alguna procediendo a detener a Bruno López y otros, y más tarde a la ejecución de nuestro líder Antonio Carrillo y al docente del colegio de la comunidad, Licenciado Catalino Correa, a quienes supuestamente se encontraron en su poder armas de grueso calibre. Negamos en forma categórica que los mismos sean miembros de cualquier grupo armado, y que sean portadores de arma alguna, los mismos son ciudadanos pacíficos, miembros del plantel de las instituciones educativas”, reza parte del comunicado en relación al hecho.