Por Osvaldo Cáceres Encina
El ala extremista de lo que primero fue la corriente Patria Libre y luego movimiento Patria Libre había fracasado en el robo a la sucursal del Banco Nacional de Fomento, en Choré, en 1997.
Fue así que cuando sus principales componentes cumplieron condenas por ese hecho, retomaron sus motivaciones extremistas y a través de sus contactos políticos lograron establecer vínculos con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Correos electrónicos incautados de un campamento de las FARC, en Ecuador, tras ser abatido Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, número 2 de las FARC, mencionan una comunicación interna en la cual se señala que Paraguay era un campo propicio para el secuestro.
Patria Libre recurrió al asesoramiento de las FARC para incursionar en ese campo, con el fin de recaudar fondos para posicionarse en el país.
Fue así que el 16 de noviembre de 2001 María Edith Bordón de Debernardi, esposa del ingeniero Antonio Debernardi y nuera del exministro de Hacienda y exdirector de Itaipú Enzo Debernardi, era secuestrada del estacionamiento del parque Ñu Guazú.
El hecho desorientó a todos porque nadie entendía lo ocurrido. Sin embargo, los secuestradores iniciaron un tortuoso proceso de negociación que incluía cartas escritas a mano, con exigencias de pago de rescate y fotografías como prueba de vida.
En una de las fotos se veía un arma de fuego sobre la cabeza de María Edith y de acuerdo a lo que declaró la víctima ante la Fiscalía, el que le apuntaba era Anuncio Martí.
Martí era de profesión periodista, pero también un activo militante de Patria Libre, cercano a Arrom.
Las negociaciones duraron dos meses, hasta que en dos pagos, según se informó, se entregó a los secuestradores la suma de un millón de dólares.
Empero, hay dudas sobre el monto real pagado, porque en la última carta se mencionó la suma de USD 2.200.000, como condición última para liberar a la mujer.
La investigación llevó a concluir que estaban implicados activistas de una organización de izquierda.
Fue así que identificaron como implicados en el secuestro a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
El primero fue detenido, pero de los otros dos no se supo nada y de ser sospechosos de secuestro pasaron a ser buscados como víctimas de una persecución política ya que habían desaparecido el 17 de enero de 2002, coincidentemente con el momento en que se empezaba a pagar el rescate.
El 30 de enero de 2002 fueron encontrados en una casa de Villa Elisa con rastros de tortura y mediáticamente, de ser considerados secuestradores, pasaron a ser presentados como víctimas de terrorismo de Estado.
No obstante, ambos fueron sometidos al proceso por el secuestro de María Edith y un día antes del inicio del juicio oral y público huyeron a Brasil.
Los tres lograron obtener, ese mismo mes, refugio político en Brasil. En el año 2019 se les revocó ese estatus, pero lograron huir a Uruguay, donde obtuvieron de nuevo la figura de refugio.
Finalmente ante la insistencia de Paraguay de obtener la extradición de ambos, Arrom y Martí viajaron a Finlandia, donde hasta ahora gozan de la figura del refugio político.