El procedimiento puso fin al presunto liderazgo de Hipólita Penayo Mendieta, de 77 años, conocida en la comunidad con el apodo de la “abuelita del chespi”.
De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, la mujer sería la responsable de coordinar una red de distribuidores que operaba bajo sus órdenes, abasteciendo el mercado ilegal de crack en distintos puntos de la ciudad.
El operativo permitió además la captura de Luis Alexis Sosa Velázquez, de 19 años, y Antonio David Caballero Rojas, de 26, quienes también quedaron a disposición de las autoridades al ser considerados parte de la estructura investigada. Durante la incursión fueron encontrados igualmente dos menores de edad dentro del inmueble, situación que pasó a formar parte de las diligencias abiertas por los investigadores.
En el registro de la vivienda, los agentes localizaron sustancias estupefacientes que, entre las ya acondicionadas para su comercialización y las que aún debían ser fraccionadas, representaban un total de 987 dosis de crack, cantidad que fue retirada del circuito ilegal y quedó bajo resguardo como evidencia para la causa.
Según confirmaron desde la institución interviniente, cuando comenzó a correr la noticia de la detención de la mujer, la reacción de los vecinos fue inmediata, los habitantes del barrio Santo Domingo celebraron el resultado de la intervención haciendo explotar petardos, una manifestación poco habitual que reflejó el alivio de quienes aseguraban convivir desde hacía tiempo con un presunto foco de venta de drogas que, según denunciaban, generaba constantes hechos de inseguridad y alteraba la tranquilidad de la zona.
Mientras los investigadores avanzaban con el procedimiento, la principal sospechosa decidió romper el silencio frente a los medios de comunicación rechazando categóricamente todas las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que no tiene ninguna vinculación con el tráfico de drogas.
Aseguró además que atraviesa una difícil situación económica y manifestó que ni siquiera puede alimentarse con recursos propios; la mujer también apuntó contra uno de los efectivos, según relató, tiempo atrás había presentado una denuncia contra ese policía y sugirió que el allanamiento y su detención responderían a una persecución en su contra.
Concluido el operativo, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que será el encargado de analizar todas las evidencias reunidas durante el allanamiento y determinar el grado de responsabilidad que pueda tener la mujer.