Todo ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de la ciudad de Capiatá, cuando efectivos policiales acudieron hasta allí, luego de recibir un aviso a través del Sistema 911 sobre un supuesto caso de maltrato animal, la intervención también respondía a denuncias que ya habían sido formuladas con anterioridad ante la Dirección de Bienestar Animal.
Al llegar al inmueble, los intervinientes constataron la presencia de un perro que presentaba un evidente estado de abandono, situación que motivó la inmediata intervención de integrantes de la organización protectora de animales Los Pikilines, quienes acudieron al sitio para concretar el rescate del animal. El oficial segundo Carlos Miguel Ruiz Hermosilla, integrante de la citada organización, informó que el propietario permitió el ingreso de los rescatistas al inmueble y autorizó que el perro fuera retirado para recibir atención veterinaria y permanecer bajo resguardo de la entidad de protección animal.
Durante el procedimiento, las autoridades identificaron al propietario como Ildelfonso Giménez Coronel, de 44 años de edad, funcionario de la Policía Nacional que presta servicios en el Departamento del Sistema 911 de Asunción, el mismo fue detenido por orden fiscal.
En el marco de este operativo, el comisario Arnaldo Vázquez, jefe de la comisaría jurisdiccional, comentó que el ahora detenido explicó que vive solo en la vivienda y argumentó que, debido a sus obligaciones laborales, no pudo brindar los cuidados que requería al animal a su cargo. El jefe policial señaló además que el caso salió a la luz gracias a las denuncias realizadas por vecinos de la zona y ya existía también una denuncia formal por presunto maltrato animal, situación que motivó la verificación del inmueble.
Luego de comprobar las condiciones en que se encontraba el perro, los intervinientes comunicaron el hecho a la fiscal Carolina Martínez, titular de la Unidad Penal número 1, quien ordenó que el perro permanezca bajo el cuidado de la organización Los Pikilines, mientras se abre las diligencias correspondientes para el análisis de una responsabilidad penal del propietario del animal, teniendo en cuenta que la ley número 7.513/2025 de Bienestar y Protección Animal, establece una pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa en el caso del maltrato animal.