ENCARNACIÓN. La agente fiscal Mónica Martínez Arrúa obtuvo la condena de un hombre a 30 años de pena privativa de libertad tras demostrarse su responsabilidad en el homicidio doloso y abuso sexual en niños, del cual resultó víctima su propia hija biológica de dos años y cuatro meses. En el marco de la misma causa, el Tribunal de Sentencia aplicó una sanción de 22 años de cárcel para la madre y la abuela de la menor, quienes fueron juzgadas en calidad de cómplices por encubrir el hecho.
Los antecedentes indican que el crimen se registró el 24 de agosto de 2024 en un inquilinato de la ciudad de Encarnación, lugar donde residían los involucrados. De acuerdo con la investigación, las agresiones perpetradas por el ahora condenado, quien tenía 27 años en el momento del suceso, provocaron el deceso inmediato de la niña. Posteriormente, la madre, de 22 años, y la abuela procedieron a ocultar las verdaderas circunstancias del caso trasladando a la víctima, ya sin signos de vida, hasta el Hospital Distrital de Coronel Bogado, situado a unos 50 kilómetros de la escena original.
Al llegar al centro asistencial, los médicos de guardia intentaron realizar maniobras de reanimación, pero constataron que la menor había fallecido varias horas antes. Al observar lesiones visibles compatibles con una agresión física severa, las autoridades hospitalarias dieron aviso inmediato al Ministerio Público para dar inicio a las diligencias legales.
Durante el juicio, la representación fiscal desarticuló la versión de los acusados mediante diversos medios probatorios, detectando severas contradicciones respecto a la hora y el lugar del fallecimiento. Asimismo, se integró el testimonio del fiscal Rodolfo Colmán, quien explicó que el abuso pudo confirmarse a simple vista al retirar el pañal de la menor durante los procedimientos forenses. El fiscal aclaró que, si bien se registró una hemorragia, esta no fue la causa directa de la muerte, sino que la niña colapsó debido al intenso sufrimiento y al estrés agudo padecido durante el ataque.
El Tribunal de Sentencia, encargado de dictar las penas tras validar las pruebas científicas y testimoniales del Ministerio Público, estuvo integrado y presidido por la magistrada Nilda Caballero, y conformado por las juezas Diana Arana y Liz Sanabria de Gneiting como miembros.
