Todo se inició durante la tarde-noche del pasado miércoles, cuando personal penitenciario detectó el sobrevuelo de aparatos no autorizados en inmediaciones del módulo 7, tanto en la planta alta como baja del Centro Penitenciario de Minga Guazú, del departamento del Alto Paraná. Dicha situación activó inmediatamente los protocolos de emergencia del Ministerio de Justicia ante el temor de que los drones estuvieran siendo utilizados para vigilar movimientos internos, recolectar información estratégica o incluso intentar introducir elementos prohibidos dentro del penal.
Según los reportes oficiales, el sobrevuelo se prolongó durante aproximadamente 25 minutos, generando preocupación entre las autoridades debido a que el sector afectado alberga a internos considerados de alta peligrosidad, varios de ellos vinculados a estructuras criminales como el Primer Comando da Capital (PCC).
Ante el escenario de riesgo, agentes penitenciarios solicitaron apoyo policial y se ordenó una requisa preventiva inmediata en el módulo intervenido. Un importante contingente conformado por efectivos policiales, personal del Grupo Especial de Operaciones, agentes motorizados y funcionarios penitenciarios ingresó al pabellón bajo estrictas medidas de seguridad.
Durante la inspección, los intervinientes revisaron minuciosamente celdas y sectores comunes del módulo 7 en busca de teléfonos celulares, armas, drogas u otros objetos irregulares que eventualmente podrían haber ingresado mediante los drones; sin embargo, las autoridades informaron que no fueron hallados elementos prohibidos dentro del pabellón.
Horas antes del operativo, durante tareas de limpieza en la planta de tratamiento de residuos del penal, agentes penitenciarios ya habían encontrado una botella que contenía 64,27 gramos de marihuana y 23,02 gramos de cocaína, situación que aumentó aún más las sospechas sobre posibles maniobras ilegales dentro del establecimiento.
La tensión en la penitenciaría creció todavía más debido a que días atrás trascendió un presunto plan de atentado contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, supuesto líder narco procesado en el caso A Ultranza Py.
Tras el nuevo incidente con drones, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció que se implementará sistemas “antidrones” en las penitenciarías de Minga Guazú, Martín Mendoza y el penal de mujeres de Emboscada, con apoyo de las Fuerzas Armadas.