La jueza civil Rossana Elizabeth Frutos Olguín condenó al Estado paraguayo a indemnizar a Marcelo Manuel Romero con G. 221.807.288, además de intereses, tras concluir que existió una privación ilegítima de libertad derivada de un error judicial. El hombre permaneció encarcelado durante 22 meses entre abril de 2019 y febrero de 2021 por una causa de robo agravado de la que finalmente fue desvinculado.
La resolución judicial establece además la aplicación de un interés mensual del 2,4% desde noviembre de 2022, fecha en que fue promovida la demanda. Con la acumulación de intereses durante aproximadamente 43 meses, el monto total a percibir podría rondar los G. 228 millones.
Romero promovió una acción de indemnización por daños y perjuicios contra el Estado paraguayo, alegando responsabilidad extracontractual por haber sido sometido a prisión preventiva sin fundamentos suficientes y posteriormente sobreseído de manera definitiva.
En su fallo, la magistrada rechazó la excepción de falta de acción planteada por la Procuraduría General de la República y dio curso favorable a la demanda impulsada por la abogada Raquel Talavera en representación del afectado.
Según consta en la causa, el peluquero reclamó una reparación económica por lucro cesante correspondiente a los 22 meses que permaneció privado de libertad, además de una compensación por daño moral y las consecuencias psicológicas derivadas de su situación.
El demandante sostuvo que estuvo encarcelado de manera arbitraria durante un año y diez meses. El proceso penal concluyó cuando el Ministerio Público retiró la acusación en su contra y solicitó su sobreseimiento definitivo, pedido que fue aceptado por el Tribunal de Sentencia.
La decisión fue adoptada por los magistrados Víctor Hugo Alfieri, Darío Báez Ferreira y María Luz Martínez Vázquez, quienes admitieron el retiro de la acusación fiscal y dispusieron el cierre definitivo del proceso penal.
Romero argumentó que tanto la Fiscalía como el Juzgado Penal de Garantías actuaron excediendo sus atribuciones al ordenar y mantener su privación de libertad sin pruebas suficientes que lo vincularan con el hecho investigado. Por ello, sostuvo que corresponde al Estado asumir la reparación integral de los daños ocasionados.
En su presentación judicial relató que se encontraba residiendo en Argentina cuando tomó conocimiento, a través de medios de comunicación y familiares, de que estaba siendo señalado como supuesto participante de un robo ocurrido en 2012. Afirmó que en la fecha del hecho ni siquiera se encontraba en territorio paraguayo.
El hombre explicó que, debido a sus limitaciones económicas, regresó al país para ponerse a disposición de las autoridades y demostrar su inocencia. Sin embargo, tras presentarse ante la Policía, un juzgado penal ordenó su prisión preventiva en abril de 2019.
Durante el juicio civil, sostuvo que la acusación se sustentaba únicamente en elementos que consideró insuficientes para justificar una medida tan gravosa. También manifestó que la víctima del robo nunca lo identificó como uno de los responsables y que no existían pruebas directas que lo ubicaran en la escena del hecho.
Asimismo, describió las difíciles condiciones que enfrentó durante su permanencia en prisión, señalando que estuvo expuesto a situaciones de violencia, precariedad y temor. Según expresó, recuperó su libertad recién en vísperas del juicio oral, cuando la Fiscalía desistió de sostener la acusación.
Por su parte, la Procuraduría General de la República argumentó que la responsabilidad estatal era subsidiaria y que cualquier reclamo debía dirigirse contra los funcionarios eventualmente responsables. No obstante, la jueza consideró acreditada la existencia de un error judicial y reconoció el derecho del afectado a obtener una reparación económica.
La sentencia fija una indemnización de G. 71.807.288 por los 664 días que Romero permaneció privado de libertad y otros G. 150 millones en concepto de daño moral. Ambos conceptos suman G. 221.807.288, monto al que deberán añadirse los intereses establecidos desde la presentación de la demanda.
