La mañana de ayer martes, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, el hombre que hasta hace poco era buscado intensamente por las autoridades, cruzó las puertas de una sede policial y, ya no como líder de movilizaciones, sino como requerido por la Justicia.
Se trata del dirigente campesino Elvio Benítez, quien decidió finalmente presentarse ante la Policía Nacional, poniendo fin a varios meses de incertidumbre sobre su paradero, después del último incidente registrado en el departamento de San Pedro. Sobre Benítez pesaba una orden de captura vigente, dictada tras su imputación por apología al delito, en el marco del conflictivo intento de ocupación de la estancia Lusipar, un episodio que, en diciembre del año 2025, encendió las alarmas en el norte del país.
Pese a ser buscado por las autoridades, Elvio Benítez continuaba aparentemente por la zona de dicho departamento, desafiando abiertamente el accionar judicial. El desenlace se produjo sin enfrentamientos ni resistencia, ya que la entrega fue voluntaria y no hubo persecución ni operativo de captura.
Ahora, con la detención consumada, el foco se traslada directamente al Ministerio Público, institución que deberá avanzar en la investigación y definir las medidas a seguir, pues la causa abierta en contra de Benítez gira en torno a su rol como uno de los principales impulsores de la incursión en tierras administradas por el Estado, un hecho que derivó en violencia, detenciones masivas y un fuerte despliegue policial.
Intento de invasión en Lusipar
El conflicto que hoy deriva en la detención de Elvio Benítez tiene su origen en el intento de ocupación de la estancia Lusipar, registrado en la tarde del 5 de diciembre del 2025, en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro. Aquel día, un numeroso grupo de campesinos sin tierra, liderados por Benítez, intentó ingresar al predio administrado por el Estado, atropellando el cordón humano desplegado por los agentes policiales, esa acción derivó en un violento enfrentamiento en las inmediaciones del acceso a la propiedad y dejó como saldo decenas de detenidos y varios heridos, entre ellos efectivos policiales que resultaron con heridas de bala durante el atropello.
De acuerdo con los datos, la Fiscalía había resuelto imputar a varios de los aprehendidos en esa fecha por hechos punibles vinculados a la invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública y otros delitos derivados del enfrentamiento con la fuerza pública. La decisión se sustentó en la participación directa de los detenidos en el intento de ingreso al predio y en los disturbios que dejaron hasta policías heridos.
