En la noche del lunes 27 de abril del 2026, una carga importante de drogas quedó abandonada en el barrio San José Olero de Concepción, donde los agentes de la Senad se encontraban siguiendo ciertos movimientos en esa zona, considerada un corredor alternativo para el traslado de estupefacientes.
Según informaron desde la institución, las tareas de vigilancia se intensificaron bajo el esquema de controles preventivos focalizados; la zona elegida tenía calles de terraplén, escasa iluminación y baja densidad poblacional, condiciones ideales para operaciones clandestinas, especialmente durante la noche. Fue en medio de uno de esos patrullajes cuando la escena llamó la atención de los intervinientes y en un sector oscuro, cercano al muro de contención ribereño del río Paraguay, una motocicleta apareció abandonada.
Al acercarse al biciclo, los agentes hallaron aproximadamente 500 gramos de crack, una cantidad que equivale a unas 3.500 dosis listas para su distribución, también se incautaron de más de un kilogramo de marihuana y varias porciones de cocaína, todas cuidadosamente ocultas en un termo y en una botella de aceite de motor, una modalidad utilizada para evitar controles y despistar a las autoridades. Según los investigadores, el abandono del biciclo no fue casual; la presencia constante de los equipos operativos, sumada a los patrullajes estratégicos, generó una presión que posiblemente obligó a los responsables a desprenderse de la carga para evitar ser detenidos, aseguran.
El procedimiento se enmarca dentro de la iniciativa Entorno Seguro, una estrategia que apunta a desarticular circuitos de distribución mediante controles sostenidos en estos puntos críticos y se realizó en coordinación con el fiscal de la Unidad Antinarcóticos, abogado Arnaldo Argüello, quien ya tenía bajo la lupa el flujo constante de drogas hacia los puntos de expendio.
Por su parte, el agente fiscal asegura que la investigación sigue abierta y aunque no hubo detenidos en esta intervención, el cerco sobre el microtráfico comienza a estrecharse y el Ministerio Público deberá orientar la investigación para desarticular las redes de distribución y reducir la circulación de estupefacientes en esta zona del país.