Dalia Angélica López Troche, paraguaya, separada, nacida en la ciudad de Asunción en fecha 14 de abril de 1970, quien está a unos días de cumplir 56 años, cuya figura emergió en nuestro país envuelta en un aura de misterio y poder económico. Sin embargo, con el paso de los años, ese perfil derivó en uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos, vinculado a falsificación de documentos, asociación criminal y sospechas de nexos con estructuras ilícitas.
La empresaria se mantuvo durante gran parte de su vida por el departamento de San Pedro, donde construyó su base social, empresarial y política e, incluso, estuvo casada con un profesional médico de nombre Héctor D´ecclesiis. En esa zona del país, su nombre comenzó a adquirir notoriedad no solo por su capacidad económica, sino también por su cercanía con sectores de poder local y su participación en actividades sociales y donaciones a organizaciones comunitarias.
Perfil empresarial
Antes de su caída judicial, López se presentaba como una empresaria multirrubro, era presidenta de la firma Permanent Oriental Holding SA, una compañía registrada con actividades que abarcaban desde importación hasta rubros ganaderos y servicios diversos. Sin embargo, los registros mostraban aparentes inconsistencias, la empresa figuraba en bases estatales, pero sin actividad comercial significativa ni adjudicaciones visibles de acuerdo a la página oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Paralelamente, encabezaba la Fundación Fraternidad Angelical, con la que impulsaba proyectos sociales, especialmente orientados a la salud infantil.
El punto de quiebre: caso Ronaldinho
El nombre de López explotó mediáticamente en marzo del 2020, cuando el exfutbolista brasileño Ronaldinho llegó a Paraguay invitado por ella, el ingreso del astro derivó en un escándalo internacional; Ronaldinho Gaúcho portaba documentos paraguayos de contenido falso y fue detenido junto a su hermano Roberto de Assis. El caso expuso una red de provisión de documentos adulterados y desde ese momento, Dalia López fue señalada como una de las principales responsables del esquema, siendo imputada por producción de documentos públicos falsos y asociación criminal.
Tras permanecer prófuga 6 años, la Policía Nacional logró ubicarla en plena capital del país, en un barrio bastante concurrido el pasado 2 de abril, pleno Jueves Santo, de allí fue trasladada a la sede fiscal que está pegada a la parte posterior de la vivienda donde residía la mujer.
Situación judicial
Tras su captura el 2 de abril del 2026, luego de permanecer prófuga durante seis años, Dalia López quedó inmediatamente a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. En una primera decisión, el juez Raúl Florentín ordenó su reclusión provisoria por 10 días en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, sitio donde debe permanecer hasta el día 13 de abril, hasta la víspera de su cumpleaños.
Último escándalo sobre celda vip
Asuntos Internos de la Policía intervino el Departamento Judicial Femenino, ya que la celda de Dalia López había sido modificada; en el sitio detectaron trabajos de albañilería y pintura, también la instalación un acondicionador de aire, el baño había sido completamente remodelado, además ventiladores, cortinas especiales y hasta detalles decorativos. En el interior también había un sommier, una caminadora, un placard, electrodomésticos, una frigobar y mobiliario adicional, objetos que las demás internas no poseen.
Esto generó la reacción directa del propio ministro del Interior, Enrique Riera, quien fue una de las voces más firmes tras la captura de Dalia, y en cuanto a su situación penitenciaria, Riera dejó en claro una postura clara;:solicitará que sea enviada a una penitenciaría común, asegurando que el Estado buscará evitar privilegios y garantizar su sujeción al proceso. Además, el ministro remarcó que deberá justificar el origen del dinero incautado (unos G. 440 millones y 220 mil dólares americanos) y no descartó su eventual vinculación con redes criminales mayores, en caso de condena, la expectativa de pena ronda hasta 7 años y 6 meses de prisión.