La Policía Nacional sostiene que la sociedad anónima Cerebro SA funcionaba como el núcleo operativo para el blindaje de bienes vinculados a Dalia López. La utilización de esta estructura jurídica permitió la gestión de inmuebles y vehículos de alta gama mientras la empresaria permanecía con orden de captura internacional.
El ministro Enrique Riera sugirió que durante la administración anterior existió un ordeñe preventivo de la prófuga, permitiendo su ocultamiento a cambio de beneficios económicos.
Estos indicios de complicidad institucional y manejo de activos negros fueron analizados en el programa Tribu nativa por La Tribu 650 AM.
Nexos logísticos y tráfico marítimo
La línea de investigación se extiende hacia el entorno familiar de la detenida, específicamente hacia su hijo, John D’Ecclesiis. El Ministerio del Interior vincula la actividad de este en el rubro del transporte marítimo con esquemas de logística que operaron durante el quinquenio pasado.
Se investiga si esta plataforma fue utilizada para el tránsito de los cargamentos de cocaína detectados en puertos de Europa anteriormente. La capacidad de movilizar contenedores por la hidrovía coincide con el periodo de mayor expansión de las organizaciones criminales transnacionales que operaban en el país.
El caso de la camioneta de alta gama hallada en poder del círculo cercano de Bruno Massi refuerza la hipótesis de la triangulación de bienes. Según los datos oficiales, el rodado fue transferido mediante un contrato privado al hijo de una empleada doméstica de la pareja mencionada.
Esta operación, valorada en aproximadamente cincuenta mil dólares, carece de sustento financiero acorde a la capacidad adquisitiva declarada por los intervinientes. La fragilidad de la defensa jurídica sobre este bien registrable apunta a un intento de ocultar la verdadera propiedad de los activos de la estructura criminal.
Falsificación de documentos y red de funcionarios
La estructura que brindó soporte a López también estuvo implicada en la emisión de pasaportes y cédulas para ciudadanos extranjeros de alto perfil. Entre estos casos destaca la documentación entregada al exjugador Ronaldinho, proceso que involucró a una red de quince funcionarios públicos de diversas áreas.
La organización contaba con técnicos en el área de informática policial, agentes de migraciones y personal apostado en la Dinac. Este equipo modificaba datos de documentos legítimos para generar identidades legales que permitieran el libre tránsito de personas buscadas por la justicia.
La persistencia del ocultamiento de López se explicaría por el control que ejercía sobre información sensible relativa a la corrupción estatal en años previos. El ministro afirmó que el temor de la empresaria no residía en la captura policial, sino en las presiones de quienes integraban su red de protección.
La desarticulación de esta logística de documentos nacionales es una prioridad para evitar que el territorio siga funcionando como refugio para criminales de relevancia mundial. La fiscalía procederá a la trazabilidad completa de los activos gestionados bajo la denominación de Cerebro SA y sus nexos institucionales.
