La configuración de la seguridad interna y la respuesta institucional ante hechos de violencia requieren un proceso profundo de sensibilización y readecuación operativa. En una entrevista central concedida al programa La Pelu por La Tribu 650 AM, la abogada y comisario principal retirada Elisa Ledesma, actual asesora del Ministerio del Interior, analizó el preocupante aumento de denuncias por violencia intrafamiliar.
Ledesma subrayó que el daño provocado por un agresor no se limita únicamente a la víctima directa, sino que funciona como una gota de agua que cae en un charco, expandiendo el perjuicio a todo el entorno, incluyendo hijos, personal de servicio e incluso animales domésticos. Para la experta, el desafío actual radica en la necesidad de desaprender lo mal aprendido y eliminar las excusas sociales que, en última instancia, terminan costando vidas.
El impacto expansivo de la agresión en el entorno familiar
El Ministerio del Interior ha implementado estrategias para estandarizar la recepción de denuncias y garantizar que el Ministerio Público sea notificado en un plazo no mayor a seis horas.
Elisa Ledesma enfatizó que el trato hacia la víctima debe ser personalizado y empático, reconociendo que la violencia no tiene género y que los varones también sufren maltratos que muchas veces no denuncian por temor a la burla. No obstante, la asesora fue tajante al señalar que el entorno familiar suele ser un obstáculo cuando se ampara al agresor por vínculos de parentesco. Según su análisis, es imperativo que las instituciones educativas trabajen en la formación de valores para romper el ciclo de agresión que los niños observan en sus hogares, evitando que los familiares del victimario se conviertan en cómplices por omisión ante hechos evidentes de maltrato físico o verbal.
Respecto a las medidas de prevención tecnológica, la abogada defendió la implementación de las tobilleras electrónicas como herramientas vitales para salvar vidas en situaciones de alto riesgo.
Ledesma explicó que existen contradicciones legales que dificultan la protección efectiva, como cuando un juez de paz dicta una restricción de acercamiento pero un juez de la niñez otorga un régimen de relacionamiento para el padre. En estos casos, la tecnología permitiría que el victimario mantenga el vínculo con sus hijos sin poner en riesgo la integridad de la madre mediante un monitoreo constante de su ubicación.
Además, aclaró que el Estado paraguayo asume el costo de estos dispositivos cuando la persona no cuenta con recursos económicos, priorizando siempre la voluntad judicial para aplicar estas medidas que garantizan un control preventivo eficaz.
Gestión de la protesta social bajo el marco de la ley vigente
En el ámbito de la seguridad pública y el orden institucional, la comisario retirada abordó la complejidad de las movilizaciones campesinas y de cañicultores que se desarrollan en zonas estratégicas como la Ruta 2.
La uniformada retirada señaló que toda manifestación representa un desafío logístico y operativo para la Policía Nacional, la cual debe actuar como el brazo ejecutor de la ley para garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y el libre tránsito de terceros. Aunque reconoció que las marchas actuales han ganado en capacidad de diálogo y planificación en comparación con años anteriores, insistió en que el derecho de un grupo termina donde comienza el de los ciudadanos que necesitan circular por motivos de salud, urgencias o trabajo cotidiano.
La asesora del Ministerio del Interior destacó que el operativo policial ante cierres de rutas busca siempre la flexibilidad mediante el diálogo previo, pero advirtió que la fuerza pública debe intervenir cuando se desborda el marco legal y se afecta el derecho constitucional de la mayoría. Al ser consultada sobre el financiamiento de estas movilizaciones, Ledesma mantuvo una postura de obediencia y no deliberancia, asegurando que la policía se concentra en el mantenimiento del orden y no en la investigación de los trasfondos políticos de los sectores en reclamo.
Concluyó que la paz social en Paraguay depende de una articulación efectiva entre la prevención del delito en el ámbito privado y la gestión de la conflictividad en el espacio público, siempre bajo el amparo de las leyes vigentes y el respeto a la dignidad humana.