Máxima tensión en Canindeyú por el masivo operativo de seguridad que sitia 25.000 hectáreas en Yerutí. Militares y policías buscan rescatar a un trabajador secuestrado y capturar a líderes criminales bajo el nuevo decreto gubernamental de defensa interna.
El departamento de Canindeyú amaneció sitiado y en máxima tensión cuando, en las primeras horas del jueves 26 de febrero, fuerzas de seguridad del Estado paraguayo pusieron en marcha uno de los mayores operativos territoriales de los últimos años.
El despliegue comenzó con el objetivo de aislar completamente unas 25.000 hectáreas de la conocida como Yerutí, escenario donde un trabajador rural permanecía secuestrado desde hacía seis días por un grupo armado.
En el marco de este trabajo, efectivos de la Policía Nacional y del Ejército paraguayo comenzaron a cerrar accesos, caminos vecinales y senderos rurales, estableciendo retenes móviles y fijos para impedir cualquier movimiento no autorizado. La orden era clara; nadie entra ni sale sin ser identificado por las autoridades, cada vehículo está siendo controlado, cada persona interrogada, afirmaron integrantes militares.
Por su parte, los jefes del procedimiento, el coronel Carlos Casco, comandante del Batallón de Inteligencia Militar del Ejército y el comisario Juan Pereira, director del Departamento contra el Secuestro y el Terrorismo de la Policía Nacional, confirmaron que el grupo buscado estaría vinculado a estructuras criminales con capacidad de operar en la zona rural y de utilizar tácticas de guerrilla. En ese contexto, el Estado decidió mantener vigente una recompensa de 1.000 millones de guaraníes para quienes aporten información certera que permita ubicar a los principales cabecillas, identificados como Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba.
Durante toda la jornada, los controles se intensificaron y el cerco se fue cerrando progresivamente, las fuerzas de seguridad reforzaron puntos estratégicos para cortar cualquier posible ruta de fuga, mientras equipos de inteligencia analizan datos recolectados en el terreno. Las autoridades insistieron en que el operativo no sería levantado hasta obtener resultados concretos, subrayando que la prioridad absoluta es la liberación con vida de la víctima y la neutralización del grupo responsable.
Este operativo se ubica en medio de un contexto nacional más amplio de seguridad. Apenas un día antes, el Gobierno oficializó el Decreto N.º 5.554, que dispone el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna para enfrentar grupos vinculados al crimen organizado y terrorismo en la Región Oriental, reforzando el empleo de fuerzas coordinadas con apoyo internacional.