El Comando de Operaciones de Defensa Interna reafirmó ofertas de recompensas que alcanzan hasta G. 1.000 millones por información que conduzca a la captura de cabecillas del grupo armado EPP.
El anuncio fue oficializado por voceros de la fuerza de élite, CODI, confirmaron que sigue activa una recompensa de hasta G. 1.000 millones por información que permita capturar a Liliana Elizabeth Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres, señalados como los líderes centrales de la agrupación criminal que se atribuyó el secuestro del productor Almir De Brum, de 32 años, el pasado sábado.
El operativo, en realidad, comenzó días antes, con la investigación que involucró a distintas unidades de inteligencia policial y militar tras el rapto de De Brum, quien aún permanece privado de su libertad sin comunicación con su familia ni exigencia de rescate formal por parte de los captores. Los investigadores del Codi, en coordinación con la fiscalía especializada, revelaron que no hubo negociación alguna desde el secuestro, lo que disparó las alarmas y fortaleció la hipótesis de que el grupo está operando con sofisticación en la zona norte del país.
Además de los cabecillas de mayor valor, las autoridades establecieron una escala de recompensas para otros presuntos miembros del grupo armado; hasta G. 700 millones por datos sobre los alternos Domingo Blas González y Magna María Meza Martínez; G. 300 millones por información sobre una lista más amplia de integrantes que incluyen a Samuel Silva Cáceres, Ernesto Daniel Villalba y otros seis individuos; y G. 200 millones por datos que conduzcan a la captura de tres supuestos colaboradores conocidos como alias Joselo, Edita Rosalía Guerra Vargas y Edinho Insfrán Armoa.
El ofrecimiento económico forma parte de una estrategia ampliada de presión estatal para debilitar la estructura criminal del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la principal organización armada que opera en el norte del país y con historial de secuestros, emboscadas y ataques contra fuerzas de seguridad y comunidades rurales.
Por su parte, el Ejecutivo reafirmó su política de combate a la criminalidad, con el presidente Santiago Peña instruyendo a las fuerzas militares y policiales a mantener máxima presión sin retroceder ante estos grupos.
“Mi respaldo a nuestras fuerzas de seguridad es absoluto y permanente. La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales oficiales.