La investigación sobre Ueno Bank sumó una referencia anterior a su caída: Julio Rey, exvicepresidente segundo de la entidad, declaró que en octubre de 2025 recibió un correo con un informe sobre sus canales de liquidez. La fecha abre una pregunta: quiénes conocieron esas advertencias y qué decisiones adoptaron después.
Según los fragmentos de su declaración publicados en un documento que se filtró, el mensaje fue enviado por un colaborador del área de liquidez e incluía un documento denominado “Delirio colectivo”. Rey describió una entidad con muchas transacciones, pero con dificultades para conseguir que esos fondos permanecieran en sus cuentas.
El informe, de acuerdo con su relato, mostraba entradas y salidas de dinero vinculadas con reintegros, compensaciones entre bancos y operaciones con tarjetas de crédito y débito. Ese movimiento importa porque una entidad puede registrar mucha actividad y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para disponer del efectivo necesario para cumplir sus obligaciones.
Rey entregó a la Fiscalía una presentación de 20 páginas y sostuvo que examinó operaciones hasta marzo de 2026. También le atribuyó señalamientos sobre gastos que presuntamente habrían sido registrados como activos o préstamos por cobrar para ocultar pérdidas. Son afirmaciones que requieren contraste con balances, contratos y registros contables.
La cronología publicada tiene tres momentos: la recepción del correo en octubre de 2025; las revisiones que Rey dice haber realizado hasta marzo de 2026; y la incorporación de su versión a la investigación conocida públicamente en noviembre. La secuencia permite ordenar el relato, pero todavía no establece qué medidas tomó cada responsable.
Para reconstruir ese recorrido resultan necesarios el correo original, sus destinatarios, el archivo adjunto y las respuestas que hubiera generado. También importan las actas de reuniones y las instrucciones internas. Recibir un diagnóstico, discutirlo y aprobar una medida son hechos diferentes, que deben acreditarse por separado.
La misma distinción corresponde al Banco Central del Paraguay. Determinar qué información llegó a la supervisión exige identificar comunicaciones, fechas de recepción, informes y actuaciones posteriores.
Rey está imputado en la causa. Su declaración aporta una versión que deberá evaluarse junto con la documentación y las explicaciones de otros involucrados. No permite dar por probadas responsabilidades individuales ni concluir que todas las personas vinculadas al banco conocían la misma información.
Para los ahorristas afectados, esclarecer esa secuencia tiene un alcance concreto: saber si existieron oportunidades de corregir los problemas y cómo se utilizaron. El valor del informe dependerá de que pueda conectarse con decisiones verificables. La pregunta pendiente es qué ocurrió después de cada advertencia.


