La investigación del caso Ueno Bank tiene un frente internacional orientado a localizar y recuperar recursos. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que el Ministerio Público estableció contactos con sus pares de Luxemburgo y explicó que las medidas sobre esos fondos dependerán de trámites judiciales. Sus declaraciones se producen mientras avanzan actuaciones contra exdirectivos del banco y se incorporan denuncias de instituciones afectadas.
Para los ahorristas, trabajadores y jubilados, la pregunta central sigue siendo dónde está el dinero y cuándo podrá recuperarse. Rolón señaló que la Fiscalía trabaja mediante sus canales de cooperación internacional para procurar el retorno de recursos, aunque no anunció fondos efectivamente congelados ni un calendario de devolución.
“Ya hicimos contacto directo con nuestros pares de Luxemburgo”, afirmó. Ante una consulta sobre la posibilidad de inmovilizar esas sumas en el corto plazo, respondió que el resultado depende de un trámite judicial.
Esto significa que establecer contactos con otro país es un paso para gestionar información y medidas sobre los activos. La recuperación del dinero todavía requiere decisiones y procedimientos cuya conclusión no fue anunciada.
Consultado sobre las críticas por supuestas demoras en las diligencias, Rolón sostuvo que la denuncia inicial era voluminosa y que la primera respuesta fue organizar equipos de trabajo. Explicó que los fiscales deben convertir los señalamientos recibidos en evidencias que permitan sostener el proceso.
También defendió el carácter provisional de la investigación. “Estamos en la etapa preparatoria”, recordó, al responder por qué inicialmente no se había incluido la figura de asociación criminal en la imputación contra Santiago Peña. Según explicó, pueden incorporarse otros hechos punibles si los elementos reunidos los respaldan.
En el proceso contra exdirectivos de Ueno, entretanto, se produjo una decisión judicial relevante. El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción consideró que los hechos relatados por la Fiscalía también permiten sostener sospechas de lavado de activos y asociación criminal.
La Cámara ratificó además la prisión preventiva de Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Diego Fernando Duarte y Alejandro Gómez Abente. La resolución reseñada examina presuntos desvíos de fondos hacia empresas vinculadas y una posible organización con funciones y patrones de actuación. Se trata de atribuciones dentro del proceso, pendientes de resolución definitiva.
Otro frente corresponde al Instituto de Previsión Social. La previsional presentó una denuncia para esclarecer la administración, disponibilidad y eventual transferencia de sus recursos depositados en Ueno.
El pedido alcanza a directivos y funcionarios del banco, autoridades del Banco Central del Paraguay y otras personas cuya intervención pudiera resultar relevante. El escrito aclara que, en esta etapa, no atribuye responsabilidad penal concreta a una persona determinada: solicita que la investigación identifique responsables y establezca el alcance del eventual perjuicio.
Los recursos comprometidos incluyen reservas destinadas a jubilaciones y fondos operativos vinculados al funcionamiento del IPS. Por eso, determinar qué ocurrió con el dinero también interesa a quienes aportan mensualmente, cobran una prestación o utilizan sus servicios de salud.
A estas actuaciones se suma un antecedente del caso A Ultranza Py. Basado en la acusación fiscal, se describe operaciones por aproximadamente US$ 4,2 millones que Alberto Koube habría canalizado hacia empresas vinculadas a Ueno, mediante inversiones que la Fiscalía considera presuntamente simuladas para introducir ganancias ilícitas atribuidas al esquema de Sebastián Marset.
Ese señalamiento corresponde a una hipótesis fiscal sobre operaciones anteriores. Al ser consultado sobre posibles conexiones con lavado de activos, Rolón indicó que existen intervenciones internacionales y que las nuevas informaciones podrían incorporarse a las causas en curso o dar lugar a otras investigaciones.
En paralelo, el Ministerio del Interior informó sobre un primer encuentro institucional entre su nuevo titular, Ariel Martínez Fernández, y el encargado de Negocios de Estados Unidos, Robert Alter. Participaron también el subjefe de Misión, Aarón Pratt, y el director general de Gabinete, Carlos M. Capurro.
La agenda se concentró en fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional, el terrorismo y otras amenazas regionales, mediante intercambio de experiencias, capacitación y coordinación. La información difundida sobre esa reunión no anuncia un acuerdo específico para intervenir en el caso Ueno.
La investigación penal y la búsqueda de recursos avanzan así mediante distintas actuaciones. Para quienes tienen dinero comprometido, los próximos resultados verificables serán la identificación de activos, las medidas judiciales que permitan preservarlos y la definición de mecanismos para su recuperación.