Fuentes con acceso directo a la investigación confirmaron a La Tribuna que la Contraloría General de la República recomendará mañana la cancelación definitiva de la licencia otorgada a la empresa NUBICOM. Además, los auditores remitirán todos los antecedentes del caso a la Fiscalía para abrir una pesquisa penal sobre las maniobras que facilitaron la millonaria adjudicación a favor del Grupo Vázquez. Como medida inicial ante la gravedad institucional, el órgano de control dispuso una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre la ejecución del contrato.
Advertencias previas y criterios a medida
El avance judicial se sustenta en el documento de un informe presentado en febrero de este año por la Contraloría, el cual detalla paso a paso las graves carencias de la firma adjudicada. Investigadores del caso explicaron que la Contraloría ya había advertido formalmente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que la empresa extranjera no demostró tener la capacidad financiera, la experiencia técnica ni los usuarios exigidos en el pliego de bases y condiciones.
Los auditores señalaron que el ente regulador aplicó un criterio vago y sumamente flexible a la hora de evaluar a NUBICOM, admitiendo a la empresa con respaldos insuficientes y basándose únicamente en declaraciones juradas unilaterales que no pudieron ser comprobadas fehacientemente en el país de origen.
Complicidad en las altas esferas
El expediente que aterrizará en el Ministerio Público no se limita a la empresa, sino que apunta directamente a la cúpula gubernamental que avaló el negocio. Las fuentes consultadas indicaron que existe una evidente red de complicidad institucional para entregar el espectro, consolidando un diseño estructural a medida para el conglomerado empresarial.
Los datos que manejan los investigadores comprometen a los miembros del directorio de Conatel, a su presidente y alcanzan al propio titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate. Según los reportes, estas autoridades ignoraron deliberadamente las alertas oficiales para allanar el camino de la firma.
Este blindaje oficial permitió materializar maniobras perjudiciales para el Estado, como el desvío injustificado de 16 millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno Bank, estructurando un rescate financiero encubierto a favor de los negocios del Grupo Vázquez.