Para Santiago Peña, la fiscalía imputa por lesión de confianza y administración en provecho propio. Para Cavallo por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y administración en provecho propio.
Ambos delitos tienen un marco penal de 10 años de cárcel y por concurso aumentan hasta la mitad del más importante, por lo que se suman otros cinco años. A esto se expone Peña, lo que será resuelto en su momento por un Tribunal de Sentencia.
Los fiscales Cristian Benítez, Silvia González, Ruth Benítez y Elena Fiore, quienes trabajan bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón piden la prisión preventiva, además de la inhibición general de vender y gravar bienes.
Peña operó para su banco
La imputación da cuenta que Peña habría conservado aun su participación accionaria en el grupo Ueno Bank Sa cuando absorvió a Visión Banco e, igualmente, habría pasado a concentrar depósitos de entidades públicas y previsionales por cerca de entre USD 800.000.000 (ochocientos millones de dólares) a 855.000.000 (ochocientos cincuenta y cinco millones de dólares) (G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495 al 30 de septiembre de 2026) aproximadamente.
“Así también, SANTIAGO PEÑA PALACIOS tuvo relación directa y determinante en el menoscabo sufrido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) administrado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Dicha vinculación se materializó al haber instalado al frente del órgano regulador a un directivo estrechamente ligado al grupo financiero (Carlos Carvallo Spalding) y al desplegar reiteradas directivas e intervenciones públicas de respaldo institucional hacia Ueno Bank S.A. en pleno conocimiento de su insolvencia patrimonial”.
Añade que esta conducta impuso la deliberada inacción de las autoridades de control, impidiendo la intervención cautelar oportuna del banco en mayo/junio de 2026 y permitiendo que la entidad continuara operando y captando masivamente nuevos ahorros República del Paraguay Ministerio Público 16 garantizados bajo promociones comerciales hasta el 2 de noviembre de 2026.
" Al declararse finalmente la resolución forzosa por solvencia inferior al 50 %, el FGD debió desembolsar sumas astronómicamente superiores para indemnizar a depositantes que ingresaron durante esa prórroga artificial, configurándose un menoscabo económico atribuible de manera directa a la conducta del mandatario y que deberá ser cuantificado", indica parte del escrito penal.
La audiencia de medidas cautelares se hará esta tarde. Ahí se decidirá si Peña va a la cárcel u obtiene la libertad ambulatoria como lo solicitará su defensor Ricardo Preda.